Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios

Sofía Huerta, Desinformémonos

29 de agosto de 2022

Foto: San Bartolo Ameyalco (Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios)

Bajo una serie de irregularidades y con engaños se realizaron supuestas asambleas comunitarias en pueblos para solicitar su integración al registro que busca implementar la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI). Desde suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad, habitantes de diversos pueblos y barrios de la ciudad fueron testigos de una serie de anomalías y desigualdades en estos procesos, que de acuerdo a la convocatoria de la SEPI debían darle seguimiento asambleas comunitarias y autoridades representativas legítimamente reconocidas por ellos y ellas.

El próximo martes 30 de agosto es la fecha límite para que se integre el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La convocatoria de la SEPI, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 30 de mayo del 2022, indica no sólo que estas solicitudes deben ser acompañadas de “antecedentes necesarios y documentos que acrediten” que son indígenas y/u originarios, sino que deben contar en primer lugar con un acta de asamblea comunitaria que “al menos” tenga la fecha y hora, lugar, periodo y ámbito de publicidad de la convocatoria de asamblea, testigos, indicar a qué pueblo indígena pertenecen y un listado de asistentes.

Sin embargo, lo que más llama la atención de estos requisitos de “autoidentificación colectiva” es la “manifestación de reunir las características objetivas y subjetivas de comunidad indígena residente”, además de pedir la «manifestación de voluntad colectiva de identificarse como comunidad indígena residente y que solicitan su inscripción al registro” y solicitar el “mandato expreso por medio del cual designan a las personas representantes del grupo social para presentar la solicitud de registro”. En particular la última condición causa ruido, pues los pueblos y barrios comunitarios ya tienen reconocidas sus propias autoridades tradicionales que les representan en diferentes ámbitos.

San Mateo Xalpa, Xochimilco

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

En un domicilio particular y a puerta cerrada, en el pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco se llevó a cabo una asamblea informativa el domingo 14 de agosto. Se convocó a personas mayores de edad del pueblo y a algunas autoridades tradicionales, principalmente. Además, estuvieron presentes funcionarios públicos tanto de la alcaldía Xochimilco como de la SEPI.

Una habitante de este pueblo originario, quien pidió conservar el anonimato por razones de seguridad, y su familia se enteraron de esta “asamblea falsa” porque un familiar suyo recibió la invitación donde de manera explícita informan que se reservan el derecho de admisión. “La difusión no fue tan amplia, fue llamando por teléfono. De hecho, nos enteramos que algunas autoridades tradicionales fueron invitadas a través de una llamada telefónica. Fuimos poco más de 50 personas y donde se llevó a cabo fue en una casa particular, en un domicilio de aquí de San Mateo”, mencionó.

“Los que firman la invitación, uno de ellos es el representante de bienes comunales, que no es representante de bienes comunales, para empezar”, aseguró, pues en San Mateo Xalpa no tienen un comisariado ni representante de bienes comunales, sino que son los comuneros en asamblea quienes son autoridades tradicionales. “También firma el consejo del pueblo, que sabemos que ya no está funcionando desde años atrás”, dijo.

Las autoridades tradicionales en San Mateo son los fiscales, el patronato del panteón y comuneros, aunque los socios de mayordomos están en proceso de ser reconocidos como autoridades. La figura de consejo de pueblo no es un cargo tradicional, sino, una denominación que existía en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que fue sustituida por las Comisiones de Participación Comunitaria en la legislación vigente.

“Los consejos de los pueblos ya no existen en razón de la sentencia SUP-REC-35/2020 y como ya no existen desde hace tiempo, ahora con el registro se supone que cada pueblo ingresará a las autoridades que consideran tradicionales. Y por obvias razones los miembros del consejo del pueblo quieren ser incluidos en esa lista de autoridades tradicionales, cuando su figura ni es del pueblo ni es tradicional, pues responde a intereses e instrucciones meramente del gobierno y no del pueblo”, agregó .

A la asamblea acudieron poco más de 50 personas. En el lugar, las autoridades tradicionales, mayordomos y socios de mayordomos les dieron una hoja para registrarse, pero no era una lista de asistentes, sino, un formato membreteado con el logo de la SEPI. Esta situación llamó la atención de algunas personas que asistieron pues, notaron que estos nombres, firmas y números de contacto podrían servir para otros fines.

https://fb.watch/fdX7xrfQsq/

La mesa de la asamblea estaba conformada por diferentes funcionarios públicos y habitantes del pueblo. Por ejemplo, Genaro Olivares y Edilberto Ramírez, ambos trabajadores de la alcaldía; David Mendoza y Belinda Santamaría, ex presidente y ex secretaria del desaparecido Consejo del Pueblo. Además de Arturo Aguilar, quien aseguró ser el representante comunal, cuando de acuerdo a la información de habitantes del pueblo no es comunero. De la SEPI acudieron Carlos Bravo Vázquez, quien también es ex asesor del alcalde José Carlos Acosta.

Durante la asamblea se le explicó a los asistentes que tienen que mandar pruebas tanto de sus fiestas patronales como de su adscripción como originarios, ya que en caso de algún “error”, aseguró Carlos Bravo, trabajador de la SEPI y quien recibe por horarios un sueldo mensual estimado neto de 63,729 pesos.

“Una vez que tienen estos elementos, se llenan los formatos, se presentan ante la SEPI, un comité de expertos en pueblos originarios analizará los documentos, no los calificará, los analizará y en su caso podrá decir: ‘al pueblo de San Mateo Xalpa le falta completar el listado de ciudadanos con derecho a emitir su voto en las asambleas o le falta incorporar o enriquecer más fiestas de las que registró aquí y dará una prevención al comité general de que tiene dos meses, tres meses para completar esta información, para que se te reconozca, para que se te asuma como pueblo originario”, explicó Carlos Bravo durante esa reunión del 14 de agosto.

Es importante mencionar que muchos vecinos y vecinas de San Mateo fueron excluidas de la reunión, pues además de que fue en el patio de una casa particular, cerraron las puertas de la casa para que nadie más pudiera ingresar. Ante esta situación algunos vecinos exigieron que abrieran las puertas, sin embargo, la dueña de la casa, Belinda Santamaría se negó.

“Dejaron a muchísimos vecinos a fuera, porque todas las puertas estaban cerradas. Los vecinos de afuera empezaron a tocar para poder entrar. Una vecina dijo que si estábamos en una asamblea del pueblo, estaba mal que estuviera cerrada la puerta. Debieron dejar entrar a los vecinos porque seguramente tenían intereses en esa reunión y por eso estaban tocando. De hecho, cuando empieza la trifulca, tanto el zaguán como la puerta chica estaban cerradas”, compartió una vecina de San Mateo.

Foto: Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

El conflicto comenzó cuando uno de los vecinos pidió la palabra para expresar su descontento y que no estaba de acuerdo con que se hiciera una comisión ni ser parte del registro. En ese momento las cosas se salieron de control: “Los organizadores se empezaron a molestar y entre ellos estaba el hijo de la dueña de la casa que se le fue encima a una de las personas que estaba en desacuerdo. En ese momento, este individuo golpeó a un adulto mayor. Ahorita ya hay un proceso judicial, me parece, sobre todo porque el señor que fue agredido tiene 84 años y el hijo de la señora ha de andar en sus casi cuarenta”, narró.

Diferentes voces exigieron que se suspendiera la asamblea, pues ya no había condiciones adecuadas no sólo para tomar decisiones, sino para la seguridad de todos y todas. En ese momento, diferentes personas aprovecharon la situación para terminar de firmar el acta de asamblea, la cual era necesaria en el proceso para pedir el registro: “Ellos lo hicieron así, todos sus acarreados aprovecharon la trifulca para anotarse en una lista y noté que estaban dobleteando votos. Yo había contado 27 personas a favor de que se llevara a cabo el registro y los demás éramos como un tanto que estábamos en desacuerdo. Ahí empezaron a decir que eran cuarenta y tantos votos a favor”.

San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón.

Alejandro Ugalde es autoridad tradicional, su cargo es el de subdelegado. Fue elegido en el mes de febrero del 2019 por asamblea a través de papeletas que los mismos pobladores hicieron para ejercer su derecho. Con anterioridad, Alejandro ya ha vivido una serie de situaciones que desprestigian no sólo su quehacer como autoridad, también ha sido víctima de discursos homofóbicos. Asimismo, personas del pueblo que le apoyan en su cargo han enfrentado agresiones verbales. “El día de la asamblea falsa le gritaron a una de las señoras con la que nos coordinamos, le dijeron ‘vendida’, ‘traidora’, ‘fuera, fuera’. Ya hacia mi persona me dicen: ‘puto’, ‘maricón’. Solamente en una ocasión, hace dos años, recibí golpes y un navajazo en una asamblea, donde curiosamente estuvo presente José Luis Velázquez, quien es parte de la Alianza”, declaró Alejandro.

Foto: Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios

La Alianza para la Reconstitución de los Pueblos Originarios es una organización que está a favor de varios de los proyectos y políticas públicas del gobierno central. Por ejemplo, la Consulta Indígena para el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, el Registro de Pueblos y Barrios Originarios, entre otras actividades de la SEPI. Uno de sus argumentos para que se lleve a cabo el registro es que “tenga como propósito fundamental dotar, de forma particular, a los pueblos y barrios originarios la calidad de sujetos colectivos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En ese grupo se encuentra José Luis Velázquez, quien también es originario del pueblo de San Bartolo.

De acuerdo a Alejandro, la asamblea fue convocada en 31 de julio a través de una lona, donde ellos decían que era muy importante el registro para administrar “nuestro territorio”. “Esta asamblea la convoca la pseudo representación del señor Víctor Zaldívar, que está respaldada por un grupo de Morena, en específico por José Luis Velázquez que es un actor político dentro del pueblo que en su momento con la administración pasada de Álvaro Obregón estuvo muy inmiscuido en la problemática y la división que se generó por estos actores políticos al ellos imponer una pseudo representación del pueblo cuando no tienen ellos ninguna acta de asamblea, no tienen un número determinado de votos donde los reconozca la asamblea como representantes”, dijo.

Además, agregó, invitaron a la plaza del pueblo a arrieros, arrieras, algunos equipos de futbol, a algunas familias del pueblo, mayordomos, representaciones de fiestas patrias, “pero esto fue invitaciones en mano. Yo únicamente me dediqué a documentar, entonces, empiezan su asamblea, pidiendo el registro con la INE, pasando sus listas y sí estaba una persona de SEPI, que era Nicolás López López, porque él se presentó como parte de SEPI. En total asistieron cerca de 90 personas”.

Alejandro ha desmentido a través de la página oficial del pueblo de Facebook, Pueblo San Bartolo Ameyalco, varios mitos sobre los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Sin embargo, este trabajo de difusión no es suficiente, pues ante una asamblea donde la mayoría eran personas adultas mayores, la desinformación sobre la libre determinación, autoadscripción y autonomía logró un efecto a favor del registro.

https://www.facebook.com/watch/?v=643076763486306

La asamblea se llevó a cabo el 7 de agosto, de las autoridades tradicionales sólo fueron bienes comunales y los arrieros. Los demás, patronato del panteón y mayordomos no hicieron presencia. “Empezaron a decir (la mesa que llevaba la asamblea) que es importante el registro porque vamos a dejar de ser pueblo y nos van a convertir en colonia, van a aumentar los costos en predial, luz, agua. Que van a intervenir en la decisión sobre nuestro territorio, pues ya no va a ser de nosotros, va a ser únicamente del Estado, porque vamos a ser colonia”, exclamó molesto:

“Varios vecinos y vecinas pidieron la voz, se los negaron totalmente a base de engaños porque realmente la mayoría de estas 90 personas eran señores adultos mayores, arriba de los 60 años que los llevaron a engaños: ‘que si no se lleva el registro vamos a perderlo’, ‘ya no vamos a ser pueblo, vamos a ser colonia’. Entonces con todo esto los estuvieron envolviendo (…)”.

Alejandro explicó que en varias ocasiones argumentó que ellos siguen siendo pueblo originario, pues en otras ocasiones el mismo gobierno central los ha reconocido como tal. Sin embargo, tanto José Luis Velázquez, como uno de los representantes de la SEPI continuaron abonando a la desinformación. “José Luis fue uno de los que continuó diciendo que ‘antes éramos pueblo y ahora ya no lo somos’ (…) el representante de la SEPI dijo ‘muchas felicidades, qué bueno que ustedes accedieron a hacer este registro para que ustedes puedan ser nuevamente pueblo’”. Ante esta situación, una de las vecinas pidió el micrófono para tratar de informar a la gente. Sin embargo, fue atacada por varios pobladores.

“El chiste es que fue un asamblea express, si fue media hora, fue mucho tiempo. Para finalizar, someten a votación: ‘¿quién de ustedes está de acuerdo en que seamos pueblo?’. Fue una votación de 80 personas, con 80 personas argumentan que el pueblo va a empezar con su registro”, finalizó Alejandro, no sin antes agregar que después de la asamblea siguieron recolectando firmas sin INE.

Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

El sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana se reunieron frente al módulo de policía del pueblo de Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, más de 120 personas para discutir y tomar decisiones sobre la asamblea que promovió un presunto representante del pueblo junto a Rafael Castelán, otro integrante de la Alianza, y el JUD de Pueblos y Barrios de la alcaldía Gustavo A. Madero. La discusión tuvo como eje principal que esta asamblea que se llevó a cabo el 21 de agosto y pretendía ser comunitaria fue en la Sala Tepecuicatl, la cual está fuera del pueblo de Tola, en la colonia Rosas del Tepeyac.

La señora María Inés y un grupo de vecinos acudieron molestos a la Sala Tepecuicatl, “fuimos en oposición a la asamblea realizada fuera del pueblo, en lugar cerrado, sin previo aviso y que por accidente nos enteramos”, mencionó. Al llegar al lugar, la primera anomalía que notaron fue que en la parte de abajo de la lista de asistencia decía: “Acta de asamblea comunitaria del pueblo originario de Santa Isabel Tola, por medio de la cual acreditamos la autoadscripción colectiva para participar en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

María Inés agregó que quienes se organizaron y fueron a esa reunión no sólo están en desacuerdo con el registro, sino que están molestos porque se hizo en un lugar que no está ni en la comunidad: “no debían de haberlo hecho en un espacio cerrado y fuera de nuestro pueblo y esto es lo que lo hace ilegal, por tal motivo, fuimos a protestar. Tuvimos el acompañamiento de derechos humanos, fuimos una profesora, dos ejidatarios, fue una autoridad tradicional del panteón. Yo creo que esta acción fue avalada por la alcaldía porque para haber enviado a su JUD de Pueblos y Barrios, siendo él, vecino e integrante de COPACOS, una persona que lo hemos visto con grupos de choque en las manifestaciones del zócalo”.

Una vez en el interior del recinto y con la presencia de no más de 50 personas, comenzó la reunión. Uno de los que tomaron el micrófono fue el poblador de Santa Isabel Tola Ricardo Martínez, quien comentó que para acceder a un programa social se necesitaban una serie de requisitos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores: “por derecho, al tener 65 años ya tengo ese derecho, pero para eso se necesita tener tu credencial de elector, una acta de nacimiento y el CURP. Esos son los requisitos para acceder a ese programa y haber cumplido ya los 65, para poder acceder a ese programa”.

Y continúa con su exposición: “Es lo mismo que les explicó el compañero Rafael Castelán, lo mismo, no vamos a perder la categoría como pueblo, simplemente es para acceder a los derechos como pueblo originario, para cualquier tema. Tenemos un tema bien importante, el Mexicable, es un ejemplo bien claro. ¿Por qué no nos hicieron la consulta? porque a SEPI se le ocurrió decir que no éramos un pueblo originario y es por eso que se tuvo que amparar. Es eso, la convocatoria, va a seguir siendo abierta, lo dice la ley, búsquenlo por favor. Algunos pueblos no lo van a alcanzar, en esta convocatoria no lo van a alcanzar. Inclusive muchos de los seguidores de la Coordinadora, antier estuvieron sentados ahí en SEPI para hacer sus asambleas”.

“Estamos luchando porque esas medidas no sean violatorias, porque nos violentan a nosotros los pueblos originarios e indígenas. No puede ser posible que seamos tan miserables, tener tan poco criterio y no investigar qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. La convocatoria que se hizo para los pueblos y barrios es un registro amañado, no podemos permitir que sigan violentándose los derechos de los pueblos. Los pueblos tenemos autodeterminación, no debemos tener un registro, ya estamos reconocidos. Nuestra Constitución nos avala”, declaró la señora Inés.

En un principio, la convocatoria llamó la atención de activistas y originarios, pues no sólo consideran inconstitucional el registro, pues atenta contra el derecho a la autoadscripción y por ende contra la libre determinación inscrita en el artículo 2º constitucional, sino que les degrada como “grupo social” y que además tienen que demostrar que son originarios e indígenas con documentación que acredite que cuentan con “instituciones y tradiciones sociales y cultuales comunitarias, lenguas, patrimonio cultural material e inmaterial y su reproducción”.

El reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas está en la Constitución, así como en las leyes de las entidades federativas. Y en ese sentido, el criterio de la autoadscripción es un elemento adecuado y determinante cuando se refiere a este reconocimiento. De hecho, el artículo 2º constitucional indica que “la conciencia de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”.

Además, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis la/J. 57/2022, no es necesario demostrar la autoadscripción indígena a través de documentos oficiales:

“…no se refiere a formalidades y requisitos legales, sino a sus condiciones históricas, modo de vida y organización, cosmovisión, usos y costumbres, entre otros aspectos. De ahí que su existencia no puede sujetarse a documentos oficiales, o que se necesite un registro o reconocimiento de las autoridades para contar con tal calidad, pues ello constituiría una violación grave a la libre determinación de los grupos indígenas y sus integrantes, reconocida en el artículo 2o. constitucional.”

Una de las acciones que acompañan la exigencia para frenar el registro incluye una demanda ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien resolvió que el caso no es competencia electoral. “Se unieron 70 pueblos, algunos con el Frente, algunos con la Defensoría de oficio del Tribunal Electoral, ya el Tribunal Electoral manifestó que no es competencia electoral, por eso estamos también con los amparos y las acciones de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México”, declaró el abogado Alejandro Velázquez del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac.

Velázquez también informó que actualmente están acompañando la impugnación de estas asambleas: “la que se han impugnado son San Mateo Xalpa (Xochimilco), Santiago Tluyehualco (Xochimilco), Santa Isabel Tola (Gustavo A. Madero) y San Bartolo Ameyalco (Álvaro Obregón). Son 4 asambleas de estas que se hicieron con irregularidades para el registro las que están ahorita en tribunales”.

Recientemente, el 22 de agosto del 2022, una ciudadana obtuvo respuesta de una solicitud de información (folio 090162422000196), en la cual quiso saber cuántos y cuáles pueblos y barrios originarios solicitaron registrarse en el sistema de la SEPI. Como respuesta, el JUD de Consulta para Comunidades Indígenas, José María Ahuitzotl Pastrana Hernández contestó: “Me permito hacer de su conocimiento que, a la fecha no se cuenta con ninguna solicitud de registro presentada formalmente ante la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México”.

La lucha por la libre determinación de los pueblos y barrios originarios comienza con el reconocimiento de la autoadscripción. El subdelegado de San Bartolo Ameyalco, Alejandro, como autoridad tradicional lo sostiene y defiende: “No es necesario recurrir a ningún tipo de registro para poder continuar con nuestros derechos, derechos que ya tenemos ganados desde hace años, tratando de explicar el porqué este registro es improcedente, violatorio hacia nuestro propio derecho a la autoadscripción y sobre todo esto que están solicitando una lista de originarios y avecindados. Para mí eso ya es muy delicado, totalmente clasista porque están solicitando además el último grado de estudios para ser reconocidos en el registro. Eso sí se me hace absurdo”, expresó.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Huerta, S. (2022). Con engaños y a puerta cerrada, realizan asambleas para registro de pueblos y barrios originarios. Desinformémonos. Recuperado el 30 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/con-enganos-y-a-puerta-cerrada-realizan-asambleas-para-registro-de-pueblos-y-barrios-originarios/

Government squabbling cripples plans for the homeless

Dan Walters, CalMatters Commentary

14 de agosto de 2022

California, the nation’s wealthiest state, also has the nation’s most severe homelessness crisis.

The most recent official count of Californians lacking permanent shelter is 161,000 — more than a quarter of the nation’s homeless population — but it’s widely assumed that the real number is much higher.

As the crisis has worsened, federal, state and local government officials have committed tens of billions of dollars to alleviating its effects. The recently enacted 2022-23 state budget alone would spend $10.2 billion over two years.

However, the heavy spending has so far had little noticeable impact. The money has been spent on a plethora of ideas to get homeless people off the street and deal with their underlying issues, but there has been little coordination, much less anything like a comprehensive plan, as a 2021 report from the state auditor’s office pointed out.

“With more than 151,000 Californians who experienced homelessness in 2019, the state has the largest homeless population in the nation, but its approach to addressing homelessness is disjointed,” the sharply worded report said. “At least nine state agencies administer and oversee 41 different programs that provide funding to mitigate homelessness, yet no single entity oversees the state’s efforts or is responsible for developing a statewide strategic plan.”

The lack of intergovernmental cooperation and coordination has many root causes, and one of them is the difference between cities and counties. Overwhelmingly, the visible effects of homelessness — such as squalid sidewalk encampments — are concentrated in cities, particularly the most populous ones, but county governments are responsible for administering social services.

A case in point is the squabbling now underway in Sacramento over how to deal with its homelessness crisis, centered on downtown streets surrounding the state Capitol.

Darrell Steinberg, a former president pro tem of the state Senate, was elected Sacramento’s mayor on a promise to deal with homelessness, but after several years of wheelspinning, was confronted with a ballot measure proposed by local business interests that would compel the city to act.

It would have required the city to authorize emergency shelter space for 75% of Sacramento’s unsheltered people within 60 days of voter passage. City officials hurriedly drafted a softer alternative, requiring shelter for 60% of homeless residents and 20% of them within 90 days of voter approval. Sponsors of the original measure agreed to put it on the shelf.

Last week, however, the city council more or less reneged on the deal. Just days before the deadline for placing measures on the November ballot, the city council made a major amendment that would block implementation unless county officials agreed to provide mental health and other services at the proposed shelter sites.

City officials had hoped that the county would emulate their measure with one of their own, but county officials balked and, instead, enacted a tough ordinance to ban homeless camps in the American River Parkway, which runs through the city. Such a law, city officials fear, could push more homeless people onto city streets.

The city’s amendment angered proponents of the original ballot measure, who said it unilaterally undid their agreement with the city.

Jeffrey Dorso, senior vice president for the Sacramento Kings, whose downtown arena is ringed with homeless camps, told council members, “I don’t know if any other ballot proponent ever going forward in the future will be ever willing to negotiate on a ballot initiative.”

The intergovernmental discord in Sacramento is a microcosm of a statewide syndrome and unless it changes, we’ll continue to pump billions of dollars down a rathole of failure.

“El presente artículo es propiedad de CalMatters

Walters, D. (2022). Government squabbling cripples plans for the homeless. CalMatters. Recuperado el 15 de agosto de 2022, de https://calmatters.org/commentary/2022/08/government-squabbling-cripples-plans-for-the-homeless/

Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial

Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial

Muriel Salinas Díaz | Sem México

Guadalajara, Jalisco | Martes 27 de julio, 2021 | — : —

La mitad del cielo

Pese a que en las 32 entidades federativas se cuenta con un Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM), en la mayoría de los casos estos no cumplen con la función para la que fueron creados y ha sido difícil lograr que las instituciones que los conforman avancen hacia la articulación de una política pública para fortalecer la participación política de las mujeres, la democracia paritaria y el acceso de las mujeres a una participación libre de violencia.
En el caso de Guerrero el OPPM prácticamente sesiona para que las instituciones informen sobre las actividades que realizan en torno a estos temas, que se centran fundamentalmente en acciones de capacitación o eventos conmemorativos.
Sin embargo, la necesidad de avanzar hacia la consolidación de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres es una tarea imprescindible que requiere de la concurrencia de las instituciones electorales, los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil para concretarse.
Con este propósito, Equipos Feministas, A.C. llevó a cabo un proyecto para desarrollar una estrategia participativa para prevenir y atender esta modalidad de violencia contra las mujeres durante el pasado proceso electoral en el estado de Guerrero, con el apoyo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC, a cargo del INE, en su edición 2020.
El proyecto consistió en la conformación de Nodos Regionales para Prevenir y Atender la VPMRG en las regiones de Acapulco, Centro, Montaña y Norte del estado de Guerrero, para lo cual se instrumentó un curso de capacitación virtual en la materia dirigido al funcionariado de las instituciones electorales y gubernamentales, OSC’s locales, abogadas y abogados electorales, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres. Con los cuales posteriormente se conformaron los Nodos y se habilitaron para desarrollar acciones de monitoreo, registro, atención, canalización y seguimiento de casos de VPMRG durante el proceso electoral.
Derivado de este ejercicio, Equipos Feministas, A.C. y la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses publicaron el primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral de Guerrero 2020-2021, el pasado mes de mayo.
El informe da cuenta de un total de 45 casos de violencia política contra mujeres que participaron en el proceso electoral como precandidatas o candidatas a cargos electivos y contra militantes activas de diversos partidos políticos. De estos, 8 corresponden a denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, en tanto que 32 de estos incidentes fueron identificados a través de los Nodos Regionales e integrantes de la Red.
Estos casos fueron registrados en un total de 20 municipios de Guerrero, siendo Chilpancigo y Acapulco los que concentraron la mayoría de estos, con nueve y seis incidentes respectivamente.
En términos regionales, el 41 por ciento de los incidentes se registraron en la zona Centro de Guerrero, seguido por un 24 por ciento concentrados en la zona Norte, 16 por ciento en la zona de Acapulco, 6% en la Costa Chica, el 5 por ciento se situó en la región de la montaña y en el mismo porcentaje en la Costa Grande, en tanto que un 3 por ciento de estos casos se registraron en la Tierra Caliente.
La mayoría de los incidentes de VPMRG registrados fueron cometidos contra mujeres entre 40 y 49 años de edad, siendo 17 los casos en este grupo, seguidos por 9 casos en los que las víctimas fueron mujeres entre 30 y 39 años. Cinco casos fueron perpetrados contra mujeres entre 50 y 59 años; cuatro casos fueron cometidos contra mujeres mayores de 60 años y solo dos casos fueron cometidos contra mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Cuatro de los casos registrados en el informe fueron perpetrados contra mujeres indígenas: Eneida Lozano Reyes, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG, quien primero fue aspirante a diputada local por MORENA en el distrito 14 y posteriormente fue candidata a Concejala del gobierno municipal de Ayutla de los Libres, cargo para el que resultó electa. El segundo caso es el de Felicitas Martínez Solano, precandidata a la diputación local por el mismo partido en el distrito 15 con cabecera en San Luis Acatlán y el tercer caso corresponde a Edith Ramírez Santos, quien renunció a la candidatura a una regiduría por el partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Copalillo, por presiones y actos de hostigamiento por parte del candidato a la presidencia municipal de dicho partido político.
Exceptuando las 8 denuncias que se presentaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEDE y de las que no se cuenta con información, de un total de 32 casos registrados a través de los Nodos Regionales, 17 cueron cometidos contra mujeres que militan en MORENA, 4 contra mujeres del Partido de la Revolución Democrática PRD, 4 contra mujeres del partido Movimiento Ciudadano, 4 del Partido Revolucionario Institucional PRI, 3 del Partido Acción Nacional PAN, dos mujeres canditatas de la coalición PRI-PRD, 1 de Redes Sociales Progresistas y 1 del Partido del Trabajo PT.
En diecinueve de los casos registrados se trata de mujeres candidatas a cargos municipales, en tanto que se identificaron seis casos en los cuales las víctimas fueron candidatas a diputaciones locales, de las cuales dos son mujeres indígenas.
Respecto del perfil de las personas perpetradoras, el 62 por ciento de estas son hombres, el 16 por ciento son hombres y mujeres, el 11por ciento son mujeres y en otro 11 por ciento de los casos no se logró identificar el sexo de las o los perpetradores.
Es importante destacar que en 40 por ciento de los casos las personas identificadas como perpetradoras son dirigentes, militantes o simpatizantes de MORENA, en tanto que en el 22 por ciento de los incidentes las víctimas señalaron a grupos del crimen organizado como los perpetradores, seguidos por un 11 por ciento de casos donde se identifica como perpetradores a personas militantes o simpatizantes del PRI, un 5 por ciento corresponde a medios de comunicación o sus integrantes y en la misma proporción se identificó a militaltes o simpatizantes del PRD. EL 3 por ciento de los casos se identifica a dirigentes, militantes o simpatizantes de MC y en el mismo porcentale a personas del partido Redes Sociales Progresistas y a una casa encuestadora.
El informe contiene además un conjunto de fichas descriptivas mediante las que se recuperan algunos de los casos documentados y un apartado que narra dos casos emblemáticos: el de Félix Salgado Macedonio y un testimonio de la Síndica de Teloloapan, Eleazar Marín Quebrado, que dan cuenta del contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso electoral en Guerrero y cómo este afecta la participación política de las mujeres durante el mismo, así como durante el ejercicio del cargo.
Uno de los factores clave que me gustaría recuperar de esta experiencia es el haber desarrollado una estrategia de prevención y atención de la VPMRG con un enfoque territorial en Guerrero, que fue posible por iniciativa de una organización de la sociedac civil como Equipos Feministas, A.C y por la voluntad política de las instituciones electorales y gubernamentales, tanto estatales como municipales. Un proceso de este tipo sólo es posible con el apoyo de programas como el PIPPM a cargo del INE, quizá uno de los pocos programas de fomento a las actividades de las OSC que sobreviven a las medidas regresivas impuestas desde la presidencia de la república que han desaparecido prácticamente todos los programas de esta naturaleza en el país.
Entre las acciones de capacitación virtual y presencial, así como la integración y puesta en marcha de los Nodos Regionales, el monitoreo, registro, así como atención jurídica a casos de VPMRG, la organización logró beneficiar a un total de 577 mujeres y 77 hombres, desde precandidatas y candidatas a cargos electivos de diversos partidos políticos, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivas feministas y OSC’s, abogadas y abogados, funcionarias y funcionarios electorales tanto locales como federales, así como servidoras y servidores públicos estatales y municipales, impactando en 35 de 81 municipios de Guerrero.
La experiencia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en Guerrero representa un referente que habrá que fortalecer y consolidar en la entidad, e impulsar como un modelo replicable y susceptible de institucionalizarse para dinamizar el quehacer de los Observatorios Estatales de Participación Política de las Mujeres. Y eso también implica la defensa del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC en el presupuesto de egresos de los años venideros.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Muriel Salinas Díaz (2021) Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial. Sem México. Recuperado el 27 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/prevenir-y-atender-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-con-un-enfoque-territorial/

Militarización de Chenalhó y Pantelhó amenaza integridad de desplazados en Chiapas

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | 16 de Julio del 2021 | — : —

La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano «pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas», la cual ha sido obligada a desplazarse de sus comunidades por la violencia paramilitar y del crimen organizado, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En un comunicado, el Frayba alertó que la entrada del ejército a las comunidades indígenas «profundiza el miedo y el terror» de la población.

«Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México», agregó el centro de derechos humanos.

Ante la violencia y las amenazas contra la integridad de los desplazados, el Frayba hizo un llamado al gobierno federal «para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la población de la región».

De acuerdo con organizaciones nacionales e internacionales que documentaron las recientes violaciones de derechos humanos en Los Altos, aproximadamente 3 mil 205 personas han sido desplazadas de manera forzada por la violencia en Pantelhó y Chenalhó.

Las víctimas de desplazamiento forzado, a pesar de haber salido de sus casas, continúan en riesgo y temen ser perseguidas y atacadas por los agresores que “siguen presentes y operando en la región”, reportaron las organizaciones que participaron en una misión de observación el pasado 10 de julio.

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Redacción (2021) Militarización de Chenalhó y Pantelhó amenaza integridad de desplazados en Chiapas. Desinformémonos. Recuperado el 19 de Julio del 2021 en: https://desinformemonos.org/militarizacion-de-chenalho-y-pantelho-amenaza-integridad-de-desplazados-en-chiapas/

Sigue TEEO, 63 juicios por Violencia Política en razón de género

  • En cinco casos el pleno declaró inexistencia de ese delito
  • Las que más han denunciado son con 31 casos las regidoras y le siguen 9 precandidatas

Lorena Vaniezcot | Sem México

Oaxaca | Miércoles14 de julio del 2021 | — : —

64 mujeres y 4 hombres han denunciado actos de violencia política en razón de género (VPRG), ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), al corte al 5 de julio y desde que inició el proceso electoral, el 1 de diciembre de 2020.

En un comunicado el Tribunal explica que de acuerdo con la estadística jurisdiccional, los casos de violencia política en razón de género son atendidos mediante 63 juicios, de los cuales, 25 siguen en instrucción; en cinco, el Pleno declaró la existencia de VPRG.

Además, en seis se declaró la inexistencia, y 27 medios de impugnación, por diferentes circunstancias, se desecharon, se sobreseyeron o reencauzaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Respecto a las mujeres que han promovido estos juicios: 31 son regidoras propietarias o suplentes, 9 precandidatas, 4 presidentas municipales, 4 síndicas, 8 funcionarias, diputadas o auxiliares; y 8 ciudadanas sin cargo público.

En cuanto a la estadística general, el TEEO ha recepcionado, en este mismo periodo, 622 medios de impugnación, de los cuales, 429 están relacionados con el proceso electoral 2020-2021.

De este universo, 219 asuntos están en la etapa de instrucción.

SEM/sj

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Lorena Vaniezcot (2021) Sigue TEEO, 63 juicios por Violencia Política en razón de género. Sem México. Recuperado el 14 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/sigue-teeo-63-juicios-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/