Otomís denuncian «uso faccioso» de su imagen en campaña de Sheinbaum

Redacción Desinformémonos

15 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México denunció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el «uso faccioso» de su imagen para publicidad y propaganda política.

«Denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno», publicó la comunidad en sus redes sociales, luego de la difusión de un cartel en el que aparece la foto intervenida de una mujer otomí, originalmente en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para promocionar la Universidad de las Lenguas Indígenas.

«La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho menos #ImagenDeCampaña», aseguraron.

Los otomís utilizaron el hashtag oficial de la campaña de Sheinbaum #EsClaudia para denunciar los atropellos y violaciones a sus derechos que el gobierno de la Ciudad de México ha cometido.

«#EsClaudia la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía», finalizó la comunidad en su denuncia.

A continuación la publicación completa:

#DenunciaPública

Claudia Sheinbaum. La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX, no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso, relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho #ImagenDeCampaña, somos #Resistencia y #Rebeldía. Así que denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno.

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#EsClaudia, la que usa nuestra #imagen para promover su #CamapañaElectoral…

#EsClaudia, la que usa la imagen de una compañera #Otomí, en la toma del #ExINP, para su beneficio…

#EsClaudia, la que #discrimina a los pueblos y comunidades indígenas…

#EsClaudia, la que no resuelve las demandas de trabajo, salud, alimentación, educación y vivienda de la Comunidad Otomí…

#EsClaudia, la que en 4 años no se ha dignado en conceder #AUDIENCIA a la Comunidad Otomí…

#EsClaudia, la que no nos ve, no nos, escucha y no nos habla…

#EsCluudia, la que a dos años de la toma del ExINPI, no expropia el predio de #Roma18…

#EsClaudia, la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía…

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Vivan los Caracoles Zapatistas en su 19 Aniversario

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Otomís denuncian «uso faccioso» de su imagen en campaña de Sheinbaum. Desinformémonos. Recuperado el 17 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/otomis-denuncian-uso-faccioso-de-su-imagen-en-campana-de-sheinbaum/

Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba

Redacción Desinformémonos

09 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. «Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas de México», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado, el Frayba recordó que el Estado mexicano «tiene una deuda histórica con los pueblos originarios» y sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, «en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra».

Ejemplificó con que el gobierno, a través de la imposición de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el Proyecto Integral Morelos (PIM), viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como busca generar una política de asimilación e integración de los pueblos «a través de un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión».

Por otro lado, celebró los aportes de los procesos que se han construido desde los pueblos a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.

Estas formas de organización autónoma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), explicó el Frayba, «impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental».

A continuación el comunicado completo:

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista. 

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba. Desinformémonos. Recuperado el 09 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/politicas-del-gobierno-controlan-explotan-y-mercantilizan-a-los-pueblos-indigenas-frayba/

Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Martes 22 de Junio del 2021 |  – – :

Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, denunciaron que el socavón generado el pasado 29 de mayo en la comunidad de Santa María Zacatepec está relacionado con el saqueo de los mantos acuíferos que han realizado diversas industrias en la región durante décadas.

En conferencia de prensa frente al socavón, los defensores del territorio señalaron que para el gobierno y los empresarios «la desgracia de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza es un espectáculo que pretenden expropiar para convertirlo en un área turística, maquillando con esto el desastre para sus fines económicos”.

Roberto Formacio, uno de los afectados, señaló que, lo que para muchas personas es una zona turística, ha sido un desastre y algo que ha cambiado la vida cotidiana para quienes tienen sus propiedades ahí. En un inicio, dijo, no sabían la causa, pero poco a poco se enteraron de posibles hipótesis a través de los medios de comunicación, y añadió que entendieron que “parte de lo que ocasionó este fenómeno fueron las empresas que han extraído miles de millones de litros de agua de la zona”.

“Le pedimos a los distintos niveles de gobierno que volteen a ver que no solo es el socavón, que hay todo un conjunto de afectados en esta zona, los dueños de los terrenos que han sido obstaculizados en su proceso de trabajo”, denunció Formacio, y agregó que los pequeños propietarios afectados por el socavón no han sido atendidos por las autoridades municipales, estatales, ni federales.

Exigieron la cancelación total del Proyecto Integral Morelos y el gasoducto. “No estamos dispuestos a esperar a que nos asesine la negligencia y la ambición de los poderosos, basta de que nos sigan engañando”, advirtieron los defensores.

Los integrantes de Pueblos Unidos denunciaron que el gobierno no ha dado ninguna respuesta y los quiere engañar al decir que está investigando. “Hacen caso omiso a lo que hemos señalado, lo que era obvio: un gasoducto instalado en un territorio sísmico y volcánico, es una bomba de tiempo. Este socavón hace más evidente el riesgo que corremos”, expusieron.

Por su parte, el profesor e investigador David, recalcó la importancia de esa región acuífera de Puebla. “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental. 

Señalaron que la llegada de las industrias desde los años 50, fomentó una forma de desarrollo que sólo ha beneficiado a particulares y empresas. En el caso particular de la región de los volcanes, están la industria automotriz, de acero y embotelladoras.

Mapa la presencia de las principales industrias en la región desde los años 50. Foto: Pueblos Unidos

A tres meses de que declararan el cierre definitivo de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, indicaron que al día de hoy, han recuperado 152 millones 668 mil 800 litros de agua que ahora fluyen libres por los mantos acuíferos, y añadieron que «el socavón vino a confirmar que las empresas Bonafont, Mercatus, Persforza, Ternium, Hylsa, Volkswagen y ciudad textil generaron este desastre ambiental y ante esta situación el mal gobierno pretende llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbano e industrial en nuestra región”.

El presente articulo es propiedad de Forbes.

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región. Recuperado e

Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad

 *Equis Justicia junto con otras organizaciones y defensoras de los derechos humanos denuncian y rechazan las exigencias de la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad ya que obstaculizan su acceso a la justicia

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Sábado 5 de Junio 2021 | — : —

Con exigencias ilegales de documentación durante el análisis de las circunstancias y contextos de marginación de los solicitantes la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad obstaculizan el acceso a la justicia.

Precisa, Equis Justicia que estas exigencias vulneran los derechos y contravienen lo establecido en la Constitución y las Convenciones Internacionales contra las personas privadas de la libertad injustamente.

Refiere que son visiones racistas y capacitistas para las personas indígenas o con discapacidad el actuar de la Comisión de Amnistía, la instancia encargada de revisar y aprobar la solicitud de amnistía de las personas privadas de la libertad injustamente.
A raíz de la solicitud de información que hicieran a la Secretaría de Gobernación encontraron alarmante que frente a las solicitudes de personas que refieren ser indígenas se les solicita anexen el certificado de nacimiento en el que aparezca el nombre de los padres o carta de alguna autoridad tradicional reconocida y validada por la comunidad indígena, en la cual constaté la pertenencia del solicitante.

En el caso de las solicitudes de las personas con alguna discapacidad solicitan un examen médico como única forma de acreditar la condición de discapacidad.
La Comisión ha determinado declarar como reservada y confidencial la información relativa a las resoluciones que nieguen o concedan la amnistía e inclusive la información estadística desagregada como: género, edad, delito, centro penitenciario de privación de libertad.

Afirma Equis Justicia que estos criterios son violatorios de los derechos de las personas indígenas y con alguna discapacidad, porque la amnistía no se da por el simple hecho de pertenecer a cualquiera de estos grupos poblacionales, sino analizando los supuestos previstos en la Ley como circunstancia y contextos de marginación, exclusión y discriminación, derivaron en violaciones al debido proceso o en la impartición de justicia sin perspectiva de igualdad.

Además, precisa que es responsabilidad de la Comisión de Amnistía realizar este análisis.
También señala que es reiterada la opacidad y discrecionalidad de la Comisión de Amnistía porque impiden a la ciudadanía vigilar su actuación, así como a las y los solicitantes para conocer el estado en que se encuentra su solicitud.
Respecto a las personas indígenas, señala que es inaplicable el criterio de autoadscripción, que está contemplado en el artículo 2 Constitucional, así como en el apartado 2 del Convenio 169 de la OIT, y los artículos 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además la prevalencia de estereotipos y criterios capacitistas que perpetúan el estigma social sobre la discapacidad como enfermedad, en lugar de reconocer los obstáculos y barreras del entorno que la originan, violando con ello la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Al rechazo de Equis Justicia se sumaron las siguientes organizaciones: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.; Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de Pueblos Indígenas; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Artículo 20; Autocultivo Medicinal en México; Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A. C; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET); Colectivo Hazme Valer, del Estado de México; Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los derechos humanos; Derechos sin Barreras; ECOZINE Feminista; EducArt Educación, Arte y Trabajo A. C.; Elementa DDHH A.C.; Familias y Retos Extraordinarios; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC; Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho; Instituto RIA, AC; Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE); Intersecta Organización para la Igualdad, A.C.; Justicia Transicional en México; La Boussole; Libertad justicia y paz; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Mujeres Libres México; Organización Comunitaria por la Paz OCUPA
Como personas firmantes: Abigail Velasco, Alejandra Martínez Rodríguez, Alejandra Nuñez, Alexandra Rodríguez, Alicia Escamilla Jaime, Angélica María Ospina Escobar, Ariadne Lamont, Artemisa Cabrera Luque, Claudia González Ramos, Edith Olivares Ferreto, Emma Obrador Garrido Domínguez, Francisca Pou Giménez, Hayde Hernández Reverte, Haydeé Gómez Avilés, Ignacio Muñoz Silva, Jazmín Maldonado Martínez, Jimena Candano Conesa, José Manuel García Vallejo, Lydia Valle Conde, Maria Teresa Fernández Vázquez, Natalia abigail Sánchez Rodríguez, Nora Robledo, Pablo Gonzalez Cuevas, Paola Zavala Saeb, Patricia Torres Sandoval, Paz Mateos Cruz, Rebeca Calzada, Sandra Patricia Véliz Clara, Sandra Mayeli Valenzuela Márquez, Sara granados, Tatiana Alfonso, Vianney Fernández Villagómez, Violeta Maltos Rodríguez, Zara Snapp.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad. Sem México. Recuperado el 7 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/opacidad-y-discriminacion-en-la-comision-de-amnistia-para-personas-indigenas-y-con-discapacidad-denuncian-equisjusticia/