El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd

Katia D’Artigues | Yo También.

Lunes 3 de mayo de 2021.

Fotografía de las manos de una mujer de edad adulta, recargadas sobre un bastón de madera, en la imagen se puede apreciar que lleva puesta una blusa de color blanca.

Contradicciones, olvidos y desidia a 13 años de la Convención de Discapacidad.

Hoy deberíamos de estar de manteles largos en México. Al menos en el papel, hoy hace 13 años que en nuestro país entró en vigor una Convención, la de los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) que está llamada a cambiar la cultura y la forma en que vemos a las personas con discapacidad en el mundo. Además, orgullo nacional, es una Convención internacional que ¡México propuso al mundo, vía la ONU, gracias a un compatriota, Gilberto Rincón Gallardo!

Pero hoy a una década y tres años de distancia de este cambio paradigmático -que ya han firmado y ratificado 187 países en el mundo-  hay mucho qué poner en la mesa y poco qué festejar. Incluso tras el cambio Constitucional en Derechos Humanos de junio de 2011 que obliga a todos nuestros servidores públicos a tomar todas las convenciones del tema que México ha firmado como parte, nada menos, que ¡del mismo texto de la Constitución!

Lo bueno de esta Convención, considerada el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI, es que tiene un mecanismo de seguimiento y de recomendaciones que México está -en el papel, ojalá que en la realidad también- obligado a cumplir.

¿Cuál es el estatus de la Convención hoy?

Es un misterio difícil de reportear porque todas las instancias involucradas en reportar y hacer cumplir la CDPD se ‘echan la bolita’ unas a otras. Incluso mandan documentos que se contradicen unos con otros. 

Históricamente, las Convenciones de derechos humanos que tienen mecanismos de seguimiento son sustentadas por México ante la ONU por la secretaría de Relaciones Exteriores. Claro, con el apoyo del resto de la administración que tiene que contribuir a reportar sus acciones hacia la población con discapacidad: todos tienen algo que hacer.

No está de más repetir el círculo al que nos comprometimos como país al firmar la Convención y su Protocolo Facultativo y que ya habíamos reproducido en algunas otras notas de Yo También para dejarlo más claro:

Infografía en forma de reloj con flechas de color morado y lila, la imagen tiene el logotipo de las naciones unidas, en color azul al centro. 

Texto en la imagen: 1 Estado (en este caso México) firmó y ratificó la CDPD.
2 Estado entrega a la ONU su Informe Oficial.
3 Sociedad civil e instituciones entregan Informes Alternativos o sugerencias para la “Lista de Cuestiones” (una serie de preguntas sobre cómo se está implementando la CDPD).
4 ONU emite la “Lista de Cuestiones” al Estado.
5 Estado responde por escrito a la “Lista de Cuestiones” de la ONU.
6 ONU y Estado establecen diálogo interactivo en Ginebra, Suiza. Participan también organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad.
7 ONU emite sus observaciones finales o recomendaciones
8 Estado da seguimiento y aplica las recomendaciones de la ONU

México ratificó por unanimidad hace 13 años la Convención. Ya se hizo todo el círculo una vez y recibimos recomendaciones, mismas que por cierto no hemos cumplido, en 2014.

En esta segunda vuelta, estamos de nuevo en el punto 5 tras que la ONU mandó la “Lista de Cuestiones” (que son preguntas, pero por lo general se usa el anglicismo) y que puedes leer aquí en una traducción accesible que hicimos o bien en la página oficial de la ONU acá, en octubre de 2019. Nuestro país respondió a estas preguntas formalmente hasta el ¡30 de septiembre de 2020! 

¿Qué contestó México? 

En la secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas, director de Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores, me mandó una presentación de siete páginas -sí, siete- donde tras esta enorme lista de preguntas o cuestiones que mandó la ONU reportan cuatro -sí, cuatro- avances en las recomendaciones que tenemos desde 2014. Una presentación, que, por cierto, tiene de fecha abril de 2021 y que puedes ver aquí.

  1. Que se hicieron reformas a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad referentes al reconocimiento de su capacidad jurídica, accesibilidad universal y derecho a la consulta (Aclaración: es una iniciativa aún y NO una ley).
  2. “Propuesta de creación de una Ley General de Accesibilidad”. (Aclaración: Es una iniciativa que no se ha dictaminado aún de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu que primero tiene que cambiar un artículo de la Constitución para que el Poder Legislativo pueda regular el tema, para luego hacer una “Ley General de Accesibilidad”. No está ni cerca de ser una realidad). 
  3. Programas: la creación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de personas con discapacidad (Aclaración: que la secretaría de Bienestar hizo sin consulta, es un “programa” que tiene 17 páginas y que analizó aquí Agustín de Pavía).
  4. Y la implementación de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente, “cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la población con discapacidad y promover en el corto plazo la disminución de la brecha de desigualdad en el ingreso”. 

Hay que recordar que este programa, que ha sido criticado lo mismo por Coneval que por la Función Pública, tiene como meta atender a 1 millón de personas con discapacidad cuando en el Censo 2020, se reportaron más de 20 millones de personas con limitaciones para cosas de la vida diaria.

Y ya, esas son las acciones. Hay una más que no pongo como tal porque me parece cebollazo que en realidad nos debería dar vergüenza:  “En 2006, México fue el principal promotor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo”. 

Más preocupante es la lista, mucho más grande, de las 21 instituciones que, como dice la misma presentación “están en falta de reportar acciones”: la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con discapacidad (CONADIS, con 16 recomendaciones); las Cámaras de diputados y senadores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También las secretarías de Gobernación, Función Pública, Seguridad y Protección ciudadana, la de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, la de Salud, la de Cultura y la de Bienestar (con cinco recomendaciones).

También El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de los Puueblos Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ballinas me cuenta que pidieron que la reunión entre organizaciones de personas con discapacidad, el Estado Mexicano y los expertos del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (el paso 6 de la infografía que luego da paso a nuevas recomendaciones), que se realiza en Ginebra, fuera hecha a distancia, por la pandemia. “El comité no aceptó y será hasta que haya condiciones de hacerla de manera presencial”, me respondió por whatsapp en un intercambio que tuvimos sobre cómo va todo el proceso.

Por cierto, hay una página en la que Relaciones Exteriores ha hecho una lista de tooodas las recomendaciones (de todos los tratados de Derechos Humanos) de las que ha recibido recomendaciones. Hay 3 mil 549 recomendaciones a la fecha, hechas por 33 entidades emisoras, en 34 temas y con 2 mil 367 acciones reportadas.

La página se llama Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH) . Ahí se puede observar que hay 79 recomendaciones al CONADIS, que es una institución que prácticamente ha desaparecido; 152 al CONAPRED, que está casi en las mismas, esta semana el mismo presidente dijo que quería desaparecerla; 68 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que es una de las encargadas de seguir cómo se aplica la Convención). Eso a vuelo de pájaro.

¿Qué pasa en el fondo? Nadie se hace cargo del tema

En una entrevista sincera que le hice en el 2019, la subsecretaria Martha Delgado, encargada de Derechos Humanos y Relaciones Multilaterales de la secretaría de Relaciones Exteriores, aceptó que había que buscar “un campeón” dentro de la administración amloísta que se quiera encargar del tema de la discapacidad. La entrevista la puedes leer aquí, es de agosto de 2019. 

Esto tras que en la ONU, durante una reunión formal de la propia Convención, el mismo Ballinas había dicho, el 11 de junio de 2019, -ante la falta de titular del CONADIS, que no ha tenido cabeza en todo el sexenio- dijo, sin dar más detalles, que México analizaba crear un “Sistema” para la atención de la discapacidad, tipo el de Infancia y adolescencia, es decir el SIPINNA. 

No ha pasado nada desde entonces. Peor aún, esta semana el presidente insistió en que hará una “Reforma administrativa del gobierno” que planea desaparecer muchos organismos autónomos e incluso algunos adscritos a Gobernación como CONAPRED. Ya no digamos CONADIS aunque formalmente es una institución a la que nos obliga el Artículo 33 de la Convención y que es la “garantía” de la aplicación de la Convención y que prácticamente no existe. 

¿Por qué el tema no está en Gobernación?

Aunque los temas de las personas con discapacidad son derechos humanos y casi todas las instituciones relacionadas con derechos humanos están bajo el paraguas de la secretaría de Gobernación, no es así en el caso de personas con discapacidad, lo que tendría que ser un diseño institucional básico.

Sí, se trata de derechos humanos y deberían estar a cargo en particular del subsecretario del ramo, Alejandro Encinas, pero no es así. Los derechos humanos de personas con discapacidad están, formalmente en la secretaría de Bienestar (antes SEDESOL)

En corto, el propio subsecretario ha sido claro en que está sobrepasado. Incluso cuando en una conferencia de prensa a la que asistí donde hizo un reporte de su primer año de trabajo, y le pregunté sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, él dijo algo relevante: con un gesto que abarcaba a todos los responsables de las áreas que tiene a su cargo (lo mismo las miles de personas desaparecidas, que infancia, no discriminación, violencia contra las mujeres, migración) dio a entender que estaba sobrepasado en responsabilidades. Incluso -lo dijo- es público,

Pidió en ese momento -ante mi petición como reportera y activista- que la aún titular de Conapred, Mónica Maccise (que luego renunciaría y nadie se ha hecho cargo de la dependencia más que como ‘encargada del despacho’), hiciera un reporte de las acciones hechas a favor de las personas con discapacidad en el sexenio y que me lo hicieran llegar. Pero nunca lo recibí. ¿Se hizo? No lo sé. 

Es cierto: esta administración se ha puesto a ‘dieta’ de instituciones y recursos -y eso aunque suena bien en principio-  en un país con tantas crisis simultáneas de derechos humanos es difícil que pueda ‘apagar’ tantos fuegos con tan pocos funcionarios a cargo. 

Suena hasta humano, pero aún así injusto para 20 millones de personas con alguna limitación de la vida cotidiana que necesitan que alguien -quien sea, pero de manera seria- impulse políticas públicas al respecto en toda la administración.

¿Y la secretaría de Bienestar?

López Obrador decidió, desde el inicio del sexenio, que el tema de la discapacidad estaría a cargo no sólo de una secretaría diferente sino de una persona en particular: Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. AMLO ha dicho en múltiples ocasiones que, para él, “más vale el encargo que el cargo”. Y así ha sido: o si no vean la multitud de responsabilidades, que no le corresponden, pero que le ha dado, por ejemplo al Ejército: hasta construcción de bancos y aeropuertos.

Montiel ha dicho en múltiples ocasiones que el presidente le ha pedido que primero acabe de dar el millón de pensiones y que luego haga más cosas para favorecer a este grupo que necesita acciones en todas las secretarías. 

A inicios del sexenio dijo que quería que CONADIS -que no ha desaparecido, pero es casi un zombie- fuera una dirección a cargo de su secretaría. No ha sido así de manera institucional formal, pero casi: ya no tiene sede, tiene cada vez menos presupuesto y menos personas que hacen lo que deberían hacer: concientizar y apoyar a todas las dependencias a que vean a las pcd.

Aunque Montiel, quien también es cercana personalmente al mundo de la discapacidad, ha dicho que el tema es de “altísima prioridad” y que el presidente será un “gran aliado” en el tema, pues no ha sido así. Aquí hay una entrevista con ella donde así lo asegura. Ahí están sus palabras. 

Incluso también México ha incumplido al ni siquiera responder en tiempo y forma a una recomendación histórica sobre la violación a derechos humanos de una persona en particular (es un mecanismo que también permite la Convención). Se trata del caso de Arturo Medina Vela, que litigó Documenta y que exige que el Estado Mexicano reconozca, como lo ha hecho en otros casos, que violó sus derechos humanos, le ofrezca una disculpa pública, lo indemnice y también se tomen acciones para su no repetición. Aquí puedes leer un resumen del caso de Medina Viela. 

Hay que seguir exigiendo

Pese a que en Yo También hicimos un cuestionario que pedimos que contestaran, en 2018, todos los y la candidata a la presidencia sobre acciones que tomarían hacia personas con discapacidad y nuestro actual presidente lo respondió aquí, lo que prometió -y nos hizo llegar vía su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, no se ha cumplido ni de cerca. 

En cuanto llegó al poder, lo que hizo fue apostar todo por las Pensiones para el Bienestar de las personas con discapacidad y comenzar a desmantelar las instituciones que se hacían cargo de impulsar desde el interior del gobierno todas las acciones y políticas públicas que hay que promover para lograr una verdadera inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento de la Convención sobre sus derechos que hoy, de manera triste cumple 13 años.

Cuando comenzamos la aventura de hacer Yo También, hoy hace 2 años en honor justo al aniversario de la Convención, entrevisté brevemente en nuestro primerísimo newsletter a Lídice Rincón Gallardo sobre su padre y el papel que tuvo en que se negociara y lograra la Convención. Recuerdo sus palabras sobre el día en que al fin se firmó y ratificó:

“Reconocía el gran trabajo de ponerse de acuerdo tantas naciones, personas, culturas en un solo rubro. Estaba inmensamente feliz, pero me dijo: ‘Lo difícil viene ahora. Ya está la normativa, ahora hay que aplicarla. ¿Cómo lo vamos a aterrizar, cómo se va a armonizar, cómo se va a aplicar?’”.

En eso seguimos, pero con graves retrocesos. Olvido y desidia institucional. Abandono.

Pero para no terminar deprimida, mejor termino citando una frase del que fue presidente del Comité Especial de la Convención, el neozelandés Don MacKay, quien dijo:

“La simple existencia de la convención da a las personas con discapacidad y a sus organizaciones la facultad para que le digan a sus gobiernos: ‘ustedes han aceptado estas obligaciones’, e insistir en que las cumplan”.

Y eso seguiremos haciendo.

“El presente artículo es propiedad de Yo También“.

D’Artigues, K. (2021). El desolador 13° aniversario de la Convención sobre los derechos de las pcd. Yo También. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://www.yotambien.mx/actualidad/el-desolador-13-aniversario-de-la-convencion-sobre-los-derechos-de-las-pcd/