Vecinos de Tamaulipas denunciaron que el servicio de agua potable en el municipio está en el abandono tras la omisión de autoridades
Publimetro México
18 de mayo de 2021
25 MIL MILLONES DE PESOS APROBADOS PARA 2021 EN TAMAULIPAS NO HAN SIDO UTILIZADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. / FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM
Comerciantes, vecinos y campesinos acusaron a la administración del gobernador Cabeza de Vaca de incumplir con demandas ciudadanas a pesar de comprometerse a resolver diferentes problemáticas que aquejan a esta zona del país.
Señalaron que se hace varios años se dejó de invertir en servicios básicos como el mantenimiento de la red hidráulica, suministro de agua, así como atender el problema de inseguridad.
“Desde 2016 prometieron resolver el problema del agua, pero nunca hicieron nada en realidad; la deficiencia en los servicios públicos, falta de alumbrado público, inseguridad y saqueo del dinero ha quedado evidenciado en la Comapa que enfrenta un adeudo de 60 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, señalaron residentes.
A esto se le suma actos de represión y acoso por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Victoria y del Gobierno del Estado, afirmaron empleados.
Incluso afirmaron que son condicionados a difundir actividades proselitistas de los candidatos del PAN en sus cuentas de redes sociales y también acudir a una serie de eventos, ya que de lo contrario se toman medidas en contra de quienes se oponen.
La situación hizo crisis por lo que llamaron a cerrar filas en este proceso electoral y exigir cuentas a la administración de la entidad, ya que, denunciaron los vecinos, existe un claro abandono en toda la ciudad como calles destrozadas, fraccionamientos con problemas de inseguridad y comunidades ejidales en el olvido.
Ciudad de México. La pandemia por COVID-19 aumentó las brechas a las que se enfrentaban las mujeres mexicanas para poder acceder a los servicios de salud o a un aborto seguro, de tener un trabajo y salario digno y de no sufrir violencia de género, ya que de manera histórica su gobierno ha tenido una repuesta deficiente ante estas problemáticas, lo que conlleva a que su vida y bienestar esté en mayor riesgo.
Así lo confirmaron la coordinadora en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Indra Rubio; la subdirectora del Grupo de Información Elegida (GIRE) Isabel Fulda; la coordinadora de datos en “México, ¿cómo vamos?”, Katia Guzmán; y la oficial de proyecto en “Equis Justicia”, Geras Contreras, durante la presentación del informe “Nos Cayó el 20” con el fin de brindar un diagnóstico del impacto diferenciado hacia las mujeres que dejó la pandemia.
Este informe, explicaron, es resultado del trabajo colaborativo de distintas organizaciones civiles que integran el “Observatorio Género y Covid-19 en México” y trata 3 ejes: salud, bienestar y violencia para exponer cómo estos contextos de las mujeres se han agravado con la pandemia y con ello proponer una serie de recomendaciones y así mejorar la atención inmediata.
Al presentar este informe, revelaron que la pandemia ha tenido impactos graves, en lo laboral, 5.8 por ciento de las personas perdieron su empleo, de estas 7.9 por ciento fueron mujeres y 4.4 por ciento fueron hombres, es decir las mujeres que laboran disminuyeron casi el doble que los hombres, sin embargo el trabajo de cuidados aumentó para ellas.
Si antes ellas destinaban hasta 40 horas sin pago, es decir una jornada laboral, al cuidado de sus hijas e hijos, casa y demás, esta cifra incrementó con la pandemia debido a que no existe un sistema nacional e integral en esta materia, en consecuencia, se sumó una doble jornada para las mujeres que teletrabajan y las que se quedaron sin empleo no tuvieron posibilidad de salir a buscar uno.
Lo anterior, añadieron, impactó la salud, el bienestar y el tiempo de disfrute de las mujeres. Afectaciones que pueden ser más graves para las trabajadoras del hogar, ya que la precariedad en la que ejercían su labor aumentó, algunas fueron despedidas sin justificación, otras obligadas a pasar el confinamiento en la casa de sus empleados para conservar su trabajo, y otras no pudieron acceder a servicios de salud en la pandemia por no estar afiliadas a la seguridad social.
Datos citados por el estudio registraron que al primer trimestre de 2020, en México había 2 millones 394 mil 69 personas ocupadas como trabajadoras del hogar remuneradas, de ellas casi 2 millones 200 mil eran mujeres, lo que equivale al 91.6 por ciento del total y el resto eran hombres.
Para el tercer trimestre del mismo año, se observó una disminución del 18.1 por ciento, es decir sólo un 1 millón 195 mil 149 de personas continuaron como trabajadoras del hogar remuneradas. Las trabajadoras del hogar remuneradas disminuyeron 20.8 por ciento mientras que los hombres sólo un 10.9 por ciento.
En suma, detallaron que 1 de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con un contrato, seguridad social y ganan alrededor de 3 mil pesos mensuales. “Sabemos que el gobierno desde 2019, contamos con el programa piloto del IMSS, en el cual se puede incorporar por ahora voluntariamente a las trabajadoras del hogar, sin embargo a octubre de 2020, sólo había 27 mil trabajadoras del hogar inscritas, esto ni siquiera representa una parte de este sector, dijo la coordinadora en el LSB, Indra Rubio.
Frente a este contexto, exigieron a las autoridades mexicanas que se reconozcan las tareas del hogar y del cuidado de la familia como un trabajo; desarrollen una coordinación interinstitucional para la creación de un padrón de trabajadoras del hogar; sigan avanzando en la agenda en términos de cuidado; y que la Secretaría de Educación Pública emplee estrategias que garanticen el acceso a la educación a todas las personas.
Sin opciones de lugares seguros
La violencia hacia las mujeres, en particular la feminicida y familiar, aumentó en pandemia. En todo 2020, dijeron, hubo incremento del asesinato de mujeres con armas de fuego en la vía pública mientras que en los primeros meses del confinamiento, registraron 11 asesinatos al día de mujeres, la mayoría de ellas menores de 18 años, de los cuales sólo 25.8 por ciento se están investigando como casos de feminicidio.
De acuerdo con el informe, en los meses siguientes de 2020, se distinguió un número ligeramente menor de casos: con 306 asesinatos de mujeres en mayo, 309 en junio, 311 en julio y 300 en agosto, sin embargo, en septiembre las cifras volvieron a incrementar: 324 asesinatos, es decir un promedio de 10.8 al día.
Agregaron que en lo que va de la pandemia, la casa tampoco fue un espacio seguro para todas las mujeres. Durante marzo y abril de 2020, incrementaron las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar, en comparación del 2019, y la incidencia de este tipo de violencia aumentó un 8 por ciento.
Pese a este panorama, la atención se mantuvo de manera digitalizada o se detuvo en algunas instituciones creadas para atender este problema, aunque esta decisión no consideró la brecha digital que existe en México y que no todas las mujeres tienen acceso a internet, además que este tipo de violencia debe ser atendida de manera inmediata. A ello se sumó el recorte al presupuesto para programas de atención para mujeres que sufren violencias o para las instituciones encargadas de brindarles servicios.
Comentaron que en resultado, organizaciones civiles que apoyan a estas mujeres han iniciado campañas para visibilizar cómo estos recortes afectarían la protección de la vida de las mexicanas. Ante ello, exigieron que se desarrolle una vigilancia a la distribución de los recursos y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fortalezca sus datos de violencia contra las mujeres.
Además, demandaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres desarrolle mesas de diálogo y vigile las Alertas de Género y que las instituciones y los centros de atención de violencia contra las mujeres integren medidas de atención efectivas para ellas.
Más crisis en la salud
Las brechas que ya existían para acceder al aborto seguro en México se profundizaron con la pandemia porque disminuyeron los hospitales donde las mujeres pudieron atenderse o porque temían contagiarse de ir a uno. Redes y organizaciones de la sociedad están llenando los vacíos del Estado en esta materia.
Además de este servicio también se limitaron los tratamientos de infecciones de transmisión sexual, el acceso a medicamentos anticonceptivos, entre otros que afectaron en particular a las indígenas, afromexicanas, privadas de la libertad, que padecen una discapacidad y migrantes, las cuales enfrentaron más discriminación a la hora de querer ejercer su derecho a la salud.
El informe señala que debido a la pandemia, la muerte materna incrementó un 30 por ciento mientras que el Consejo Nacional de Población estimó que durante 2020 habría 145 mil 719 embarazos, de los cuales 21 mil 575 serían en adolescentes y niñas.
Exigieron a las autoridades mexicanas que se atiendan los problemas y priorice la vacunación para las mujeres privadas de libertad, se difundan campañas bajo un marco de Derechos Humanos sobre anticonceptivos, garantice el acceso de las mujeres al aborto seguro y despenalice la interrupción legal del embarazo en todo México.
También demandaron que se generen mensajes con información específica para la atención de mujeres que viven con VIH y están embarazadas, desarrollen medidas de prevención, protección sanitaria o ayuda humanitaria dirigidas a la población migrante y a las mujeres en situación de calle, entre otras más acciones.
21/AEG/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMACNoticias“.
Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Impactos de la pandemia repercutieron en salud y violencia contra mujeres. CIMACNoticias. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/19/impactos-de-la-pandemia-repercutieron-en-salud-y-violencia-contra-mujeres
La recolección de residuos y el reciclaje ha permitido a las empresas generar ganancias mientras reutilizan materiales. Sin embargo, los primeros en participar en esta cadena de ganancias son los menos beneficiados: las y los recolectores voluntarios
*Foto de portada: Al Piso No, Recolectores Voluntarios
Desde temprano, antes de que pase el camión de la basural, “calle por calle y montonera por montonera”, procurando no “hacer un regadero” para que las y los vecinos de la colonia no se molesten con él, Don Eugenio García busca su sustento en los desechos de la gente.
Así empieza el proceso de reciclaje, que tiene a las y los recolectores voluntarios (también llamados “pepenadores”) como último eslabón de un proceso que ayuda al medio ambiente pero que les mantiene en la precariedad, sin reconocimiento ni apoyos gubernamentales, con empleos informales y atrapados en una cadena de ganancias en la que los centros de acopio y las empresas son los más beneficiados.
Eugenio García, quien se ha dedicado a esta labor en la ciudad de Puebla desde hace 30 años, se levanta desde las cinco de la mañana, de lunes a sábado, para recorrer calle por calle en busca de basura que pueda reciclarse (cartón, vidrio, plástico, entre otros). Sus compañeros y él ganan en promedio 60 pesos al día (menos que el salario mínimo de este país), de acuerdo con Claudia Cruz, presidenta de la asociación Al piso no, Recolectores Voluntarios.
Mientras tanto, el mercado de residuos reciclables en el estado de Puebla generó en 2020 un promedio de 798 millones 883 mil 524 pesos, es decir, una ganancia diaria de 2 millones 188 mil 721 pesos, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno federal. A nivel nacional, esta industria produjo más de 16 mil millones de pesos.
Pese a que la recolección de estos materiales, según García y Cruz, permite ampliar el tiempo de vida de los rellenos sanitarios y fomentar el reuso, esta actividad es poco redituable económicamente para las y los recolectores debido a que existe todo un esquema de distribución de compraventa de materiales en donde, al ser el primer contacto con los residuos, reciben las menores ganancias.
“Los recolectores son los últimos de la cadena de reciclaje, a pesar de que ellos hacen el trabajo más fuerte porque son los que hacen la separación, el recuperamiento de este material y luego lo venden a un centro de acopio que les compra muy barato”, cuenta Cruz.
Esta cadena se gesta en una industria en donde la recolección de materiales adquiere un valor agregado para quienes tienen la capacidad de almacenar más producto, tratarlo y venderlo a las grandes empresas, mientras la o el recolector, que no recoge más de 20 kilos al día —de acuerdo con Cruz— y que no tiene las herramientas para resanar el producto, recibe un pago mínimo y en la informalidad, sin acceso a derechos laborales.
Y es que la recolección es poco reconocida por gobiernos, empresas y sociedad en general. Tan solo en el municipio de Puebla, la actividad de la pepena está prohibida si es que el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) no la autoriza. Cruz explica que es por esto que se hacen llamar recolectores voluntarios y no “pepenadores”; y si bien asegura que en este aspecto no se han sentido hostigados por el ayuntamiento, sí fomenta la invisibilización de este sector frente a gobierno y empresas.
María Eugenia Ibarrarán, economista ambiental y directora del Instituto de Investigaciones en el Medio Ambiente, Xabier Gorostiaga, de la Universidad Iberoamericana Puebla, explica que estas personas son quienes menos ganan en esta actividad, ya que no tienen siquiera algún contrato, ni tampoco un apoyo económico o programa desde gobierno que les beneficie. “Son una población sumamente vulnerable”, sentencia.
Además, tienen que exponerse a los riesgos que implica intervenir en los residuos, como cortarse, picarse con una jeringa o adquirir alguna enfermedad. Eugenio García cuenta que a esto se suma el peligro de ser víctima de un asalto, ya que a varios de sus compañeros les han robado sus carritos y dinero.
Cruz también detalla que hay quienes trabajan en familia y en sus casas van juntando materiales para venderlos el fin de semana, llegando a obtener 500 pesos por el trabajo de aproximadamente tres personas.
Su trabajo lo realizan, además, en un país en donde los gobiernos poco hacen por fomentar la separación y reciclaje de los residuos, dificultando aún más su labor, explica Paola Figueroa, Ingeniera Química y estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad de las Américas Puebla.
El recolector contra la cadena de intermediarios
Foto: Al Piso No, Recolectores Voluntarios
La cadena inicia, por lo general, cuando el recolector o recolectora lleva sus materiales a centros de acopio clandestinos (lugares sin mucho espacio y sin registro oficial). Ahí les compran el material muy barato. Este primer centro es pequeño y construido de manera improvisada, cuenta Cruz, y es ahí en donde la mayoría de recolectores deja sus productos, ya que pueden hacerlo en cantidades pequeñas y sin necesidad de limpiarlos o tratarlos de alguna forma.
Estos centros clandestinos, explica la presidenta de Al Piso No, explotan a los recolectores. Incluso, asegura que en la pandemia han bajado los precios en los que compran el producto a las y los recolectores, afectándoles aún más.
Posteriormente, estos lugares acumulan mayor cantidad de basura y la venden a centros de acopio con más capacidad para que después lleguen a uno oficial (más espacioso y con permiso de gobierno para operar), en donde se organizan y limpian para que finalmente las empresas la compren a un mejor precio y en grandes cantidades para reciclarla.
Son cuatro o cinco eslabones entre el recolector y la empresa para que el material llegue y se recicle. Y es que las corporaciones no aceptan el material como el recolector lo organiza, ya que esperan que los centros de acopio lo limpien o adecúen para dárselos como indican. Es ahí donde aumenta su valor.
“En estos eslabones incluso se va hasta duplicando el precio”, asegura Cruz. Al final, explica, la empresa no se acerca al recolector, sino a estos centros, donde está la ganancia más grande. Las empresas, además, esperan comprar en toneladas.
Por su parte, los Puntos Verdes y centros de acopio del ayuntamiento eliminan del proceso a las y los recolectores. Eugenio García explica que cuando una persona dona sus materiales separados a estos sitios, estos los venden posteriormente a las empresas y la ganancia se queda en el gobierno. Por ello, detalla que recolectores han solicitado a las autoridades el permiso para recolectar los residuos generados en centros comerciales y zonas residenciales, pero que no han recibido respuesta.
Al final, de acuerdo con Cruz, los recolectores hacen la labor pesada, ganan poco y de manera informal y las empresas y centros de acopio se benefician más.
Una industria desigual
Foto: Al Piso No, Recolectores Voluntarios
Mientras tanto, la estructura de reciclado sigue teniendo como base a las y los recolectores. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Latinoamérica el 80 por ciento de los residuos son recogidos por este sector. “Son un elemento clave en todo el tratamiento de residuos y disposición final”, asegura Figueroa.
A nivel nacional, “la industria del reciclaje tiene un valor de 100 mil millones de pesos; sin embargo, los recolectores son los últimos en la cadena de ganancias”, escribió Cruz en el documento Gestión de los residuos sólidos urbanos: Experiencias en América Latina y Austria, publicado este año. En entrevista para LADO B, asegura que a pesar de que las personas recolectoras trabajan para el cuidado del medioambiente, nunca les volteamos a ver como sociedad. “Tienen un nombre y un apellido, y son cabezas de familia que viven de esto”, sentencia.
De acuerdo con este documento, en México hay alrededor de 800 mil recolectores (el 0.7 por ciento de la población del país), de los cuales, 60 por ciento son mujeres y 10 por ciento son menores de edad. Y en promedio, cada recolector o recolectora gana únicamente tres mil 200 pesos mensuales, a pesar de que ellas y ellos separan 90 por ciento de los residuos que serán reciclados en centros de acopio y empresas. A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente informó que en 2020 el reciclaje generó más de 16 mil millones de pesos en el país.
Tan solo en la ciudad de Puebla, los recolectores han realizado jornadas de limpieza y recolección en diferentes colonias, limpiando 110 kilómetros de calles y avenidas principales, levantado alrededor de 45 toneladas de materiales en conjunto por día.
Y mientras los recolectores ganan poco en la informalidad, las grandes empresas encuentran los mayores beneficios económicos. De acuerdo con Greenpeace México, en su publicación ¿Quién gana con el negocio del reciclaje?, las corporaciones ganan millones de pesos por los residuos que reciclan. Asimismo, informan que en 2018, el Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur, reportaron en La nueva economía de los plásticos que el sector privado podría recuperar entre 80 mil y 120 mil millones de dólares al reciclar únicamente los plásticos que producen.
Integrar a recolectores desde el reciclaje incluyente
Foto: Al Piso No, Recolectores Voluntarios
Es importante que las empresas, los gobiernos y la sociedad asuman su papel en el proceso de reciclado desde la perspectiva del reciclaje incluyente en favor de las y los recolectores, explica Figueroa. Este movimiento ha tomado fuerza en Latinoamérica y apela a dignificar la labor de las personas involucradas en la reutilización de los materiales.
La Doctora Ibarragán asegura que está bien que el reciclaje exista y sea un negocio, ya que ayuda a que las empresas destinen esfuerzos en recolectar residuos. Sin embargo, advierte que esto debe hacerse desde la economía circular, generando cooperativas de economía social, en donde las y los recolectores, así como todos los actores involucrados, participen como socios (no desde la informalidad), obteniendo mejores resultados y ganancias en esta labor.
Una opción es la creación de una cooperativa conformada por recolectores en donde se almacenen los materiales, se separen, se limpien y se envíen a las empresas, cuenta Cruz. En un espacio como este, detalla, las y los jóvenes podrían salir a recolectar mientras las personas mayores separan el producto en el establecimiento.
Figueroa también explica que como sociedad podríamos colaborar separando y organizando nuestros residuos para dárselos cotidianamente a los recolectores, ayudándoles en su labor y ganancias.
La presidenta de Al Piso No espera que ya se pueda acotar esta cadena para que las empresas integren a las y los recolectores en el proceso de una manera digna y con una mejor ganancia para ellas y ellos, así como los gobiernos volteen a ver la labor tan importante que hacen, otorgándoles herramientas y protegiéndoles.
*Foto de portada: Al Piso No, Recolectores Voluntarios
Las clases en línea y a través de la televisión son un reto para las comunidades indígenas. Muchas familias no tienen dinero para comprarse una TV ni para recargar el saldo del celular.
Este año de pandemia ha sido un gran reto y también una gran desesperación. Porque, la mera verdad, nadie estaba preparado para esto tan terrible que estamos viviendo. Y los maestros tampoco, claro. No estábamos preparados ni académicamente para dar clases a distancia, ni tampoco tenemos la infraestructura educativa necesaria.
Mire, yo soy de una comunidad de habla mazahua que se llama San Antonio Metepec, en el municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. La comunidad está ahí por una lomería llamada ‘El Cerro de la Luna’, y es una zona donde, por lo regular, no hay buena cobertura telefónica, ni Internet. De hecho, muy pocas personas tienen una televisión. Por eso, lo de las clases por la televisión no ha funcionado. Porque muchas familias no tienen dinero para comprarse una. Y las pocas que sí tienen el aparato, pues los niños prefieren ver caricaturas a estar viendo las clases. Eso es así. Máxime, si los padres tienen que salir a buscar trabajo y los chavos se quedan solos en casa.
El trabajo de su servidor consiste en recorrer las comunidades rurales donde, de plano, muchos padres no tienen acceso a un celular, computadora, o televisión, y les voy dejando hojas impresas con el material didáctico. Luego le pregunto a los niños cuáles son las dudas que anotaron en sus cuadernos y también le pregunto a los padres. Aunque, bueno, los padres tampoco es que puedan ayudar mucho a sus hijos: la mayoría no sabe resolver operaciones matemáticas, ni pueden ayudarles con el desarrollo de la comprensión lectora, porque no saben leer ni escribir. Son analfabetas. Y eso también ha sido un gran problema en esta nueva educación a distancia.
Además, a muchos padres tampoco les interesó esto de la educación a distancia. A algunos porque de plano les valió. Y a otros porque están muy ocupados tratando de ver cómo le hacen para salir adelante en pandemia.
Por eso muchas familias llegan y me dicen: ‘Mire profe, o le pongo saldo al teléfono para las clases del niño, o le doy de comer a mi familia. No podemos hacer más’. Y en esos casos, ¿qué les dices? Yo trato de convencerlos de que tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para que sus hijos sigan estudiando, para que no abandonen la escuela. Pero tampoco puedo reprocharles nada a esas personas, porque muchos no tienen para comer.
Y sí, todos sabemos que es obligación del Estado y del municipio respaldar la educación de la comunidad, del pueblo. Pero, la realidad es que cada uno tiene que buscarse la vida, mijo. Y los maestros también.
Te pongo un ejemplo: nadie nos apoya para hacer los recorridos por las comunidades. Somos nosotros, con dinero de nuestra bolsa, los que asumimos esos gastos. E igual pasa con el servicio de Internet y de teléfono para dar las clases: lo tenemos que pagar los profesores, como también pagamos las hojas y las copias para que los niños hagan sus tareas y estudien.
Lamentablemente, a pesar de todo ese esfuerzo, sí está habiendo muchos niños que dejaron la escuela. Son niños que, en su mayoría, se quedaron solos porque sus padres, agricultores y comerciantes ambulantes, no dejaron de salir a buscar trabajo y a tratar de sobrevivir. Y esto ha provocado que se expongan mucho más al virus, porque por la falta de ventas se tienen que estar moviendo a otras localidades y el riesgo de contagio es mayor. Y claro, muchas de esas personas ya murieron.
Ahí tengo el caso de Jocelyn, una niña mazahua de ocho años que está en segundo grado. Ella perdió a buena parte de su familia. De hecho, solo le quedó la mamá, que apenas va saliendo del virus. Como ya te imaginarás, son niños que se quedan muy lastimados psicológicamente y que, además, se quedan en una incertidumbre todavía mayor porque el sustento de sus casas ya no está.
En casos cómo este, tú como maestro tampoco puedes exigirle nada. Al contrario, tienes que ayudarlos, darles tu solidaridad, ser más comprensivo, y tratar de que vayan haciendo poco a poco las tareas para que no se queden muy rezagados y no terminen por abandonar la escuela.
Ahora, la pandemia no solo ha afectado a los alumnos. También a los maestros nos ha pegado muy duro. Yo mismo, tu servidor, he perdido a veinte integrantes de mi familia por ese maldito virus. ¡Veinte! En un solo día llegué a perder a cuatro de un jalón. Fue algo terrible.
Al menos ya tenemos la vacuna, ¡bendito Dios! Y a las personas de la tercera edad de la comunidad ya se la están aplicando. Aunque eso tampoco es suficiente para regresar a las clases presenciales, como quieren nuestras autoridades. Porque la mayoría de los padres de familia aún no están vacunados, los niños tampoco, y los profesores mucho menos.
La mera verdad, hay mucha preocupación entre los maestros por este tema. Porque claro que queremos volver a la normalidad, pero primero está la salud de uno, de su familia, y también la de los niños. Y pues tampoco se trata de regresar como sea, por mucho que cuando te ven por la calle lo primero que te dicen desesperados los padres es: ‘¿Cuándo regresan las clases? ¡Ya no aguanto más a estos chamacos en casa!’.
No se crea, yo también le tengo miedo al virus, cómo no. Tengo 65 años y uno nunca sabe cómo va a reaccionar el cuerpo a esa edad.
Imagínese, yo empecé a dar clases allá por 1972; soy de la primera generación de maestros indígenas en el Estado de México. En aquel entonces no había pandemia, pero también eran tiempos muy duros. Tenía que ir de comunidad en comunidad a dar clases, y ni carreteras de concreto había. Así que me aventaba kilómetros caminando bajo el sol y el frío para llegar a los pueblitos, donde no había ni luz eléctrica. Y mi infancia no fue mucho más fácil: iba descalzo a la escuelita con un lapicito de un cuartito, que casi ni se podía agarrar. Mis hermanos y yo vivíamos con mi madre en un cuartito, y nos tapábamos del frío con costales porque la cobija no alcanzaba para todos.
He batallado mucho, la verdad. Aunque aún me siento con fuerza para seguir apoyando a los jóvenes. Porque, precisamente, por eso soy maestro: para ayudar a los demás. Y por eso creo que este virus, con todo y que ha traído mucho dolor, nos está enseñando una gran lección: que debemos ser más solidarios y humanos con los que tienen dificultades para salir adelante.
De que aprendamos bien esta lección dependerá el futuro de nuestros jóvenes.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
En 2012 se inauguró la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México con una inversión de 26 mil millones de pesos, y de 2014 a 2019 se invirtieron más de 765 millones de pesos para su mantenimiento tras las fallas y colapsos en su operación. A pesar de las inversiones, la noche de este 3 de mayo se desplomó el puente que conecta las estaciones Olivos y Tezonco, dejando 23 personas muertas y al menos 79 heridas.
Conoce aquí algunos responsables de la construcción y operación de la Línea Dorada del Metro, presentada como el proyecto insignia del gobierno capitalino del ahora canciller de México, Marcelo Ebrard, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
1-. Marcelo Ebrard Casaubón. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció en 2007 la creación de la Línea 12 del Metro, que conecta Mixcoac con Tláhuac, y la inauguró el 30 de octubre de 2012, asegurando que era “una obra completa, terminada, con la tecnología más avanzada del mundo”. Las primeras fallas en la operación de la también llamada Línea Dorada ocurrieron sólo dos años después de su inauguración, lo que obligó a cerrar 11 de las 20 estaciones de la línea hasta reanudar su función regular en 2017.
2-. Enrique Horcasitas Manjarrez. Exdirector general del Proyecto Metro de la Línea 12, quien se deslindó de las compra de los trenes al declarar: “Nosotros nos encargamos de las vías y el tema de la compatibilidad (con los trenes)”. En 2015 se reportó su fuga de México luego de que se le imputó el otorgamiento y autorización de un contrato de prestación de servicios por un monto superior a un millón de pesos, cuyo objetivo consistió en supervisar la construcción de obra pública, pese que la licitación se declaró desierta. Horcasistas también fue señalado por haber contratado a la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) para las obras de la Línea 12, en cuyo directorio se encontraba su hermano, Luis Horcasitas Manjarrez.
3-. Francisco Bojórquez. Exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro que presentó el proyecto junto con Marcelo Ebrard y se reunió con los arquitectos e ingenieros de las obras. En 2015 la Contraloría General del Distrito Federal lo inhabilitó por 10 años por las irregularidades en el contrato de arrendamiento de los trenes para la Línea Dorada.
4-. El Consorcio, conformado por las empresas ICA, Carso y Alstom, responsables de la construcción de la Línea Dorada. Hoy, son ICA y Carso las encargadas de la construcción de los tramos dos y cuatro del megaproyecto federal del Tren Maya.
5-. Construcciones y Auxiliar de Ferocarriles (CAF México). La CAF es la responsable de la venta de los trenes que corren sobre la Línea Dorada.
6-. Certificadoras. La Línea 12 fue certificada por el consorcio alemán TÜV, de acuerdo con Marcelo Ebrard. El consorcio recibió 119 millones de pesos por el certificado de la Línea Dorada, el cual fue entregado el mismo día que se inauguró la obra, es decir, el 30 de octubre de 2012.
7-. Joel Ortega. Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien ante las fallas de la Línea Dorada del 2014 declaró que los problemas “ya estaban presentes desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar.
Las fallas en la Línea Dorada del Metro capitalino se agravaron con el sismo de 2017, cuando se reportaron grietas y despedazamientos en las estructuras. Vecinos de Tláhuac denunciaron desde entonces su temor frente a un posible colapso, pero las autoridades no respondieron. A pesar de los reportes, la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que las instalaciones de la Línea 12 recibían mantenimiento “todos los días”.
Con información de Aristegui Noticias y El Universal
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Redacción (2021). ¿Quiénes son los responsables de las obras y operación de la Línea 12 del Metro? Desinformémonos. Recuperado el 4 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/quienes-son-los-responsables-de-las-obras-y-operacion-de-la-linea-12-del-metro/
Mujeres de Atenco a 15 años de sobrevivir a tortura sexual | Cortesía Centro Podh
Ciudad de México.- Han pasado 24 meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación y tortura sexual cometida por policías en contra de 11 mujeres, sin embargo, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con las medidas de reparación, entre ellas, la investigación y sanción de los responsables.
Si hace 15 años, cuando las mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el gobierno estatal a cargo de Enrique Peña Nieto les ofreció una aspirina para ayudarlas a apaciguar los golpes y la violencia, ahora la administración de López Obrador hace lo mismo porque sólo en una ocasión trató de calmar la exigencia de justicia asegurando que cumpliría la sentencia. Dos años después no ha hecho nada para acatarla.
En conferencia de prensa, a propósito del 15 aniversario de este caso, cuatro de las 11 sobrevivientes: Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Edith Rosales Gutiérrez y Claudia Hernández Martínez, junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que no existe avances en la investigación penal y no hay ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.
Además, mencionaron que no se ha fortalecido el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, creado en 2015 y coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no se ha realizado el diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres y no se ha instalado un observatorio sobre el uso de la fuerza, como se recomendó en la sentencia de la Corte IDH.
Barbara Italia Méndez Moreno | Cortesía Centro Prodh
En abril de 2019 el Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con las mujeres y les aseguró que el gobierno federal tenía el compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición.
En esta ocasión Bárbara Italia Méndez Moreno dijo: “El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles. Tenemos las peores noticias. Hemos recurrido a la exigencia de justicia, de verdad y de no repetición con cuatro gobiernos distintos. Esos cuatro gobiernos son un sólo Estado mexicano. Y los cuatro gobiernos nos han llevado al límite. Pareciera que nuestra lucha no tiene sentido”.
Investigación e impunidad
A 15 años de los hechos Italia Méndez envió un mensaje al gobierno federal: “Decirle al Estado que aquí seguimos y la exigencia es la misma que hace 15 años: queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad y queremos acceso a la justicia. No vamos a dar un paso atrás, no van a vencernos, vamos a seguir trabajando. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ese es el fondo de nuestra lucha, es fuerte, es vigente y es digna”.
Respecto a la investigación de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, la abogada y co-coordinadora del área de Defensa Integral, Melissa Zamora Vieyra, dijo que no hay avances. “No existe ninguna sentencia condenatoria que haga responsable a ningún tipo de autoridad, del fuero local ni del fuero federal, de los actos de tortura sexual contra las mujeres. Estamos ante un Estado que ha incumplido con la sentencia de la Corte Interamericana”.
En un recuento de lo sucedido, la abogada explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha enviado a la federación la investigación que mantiene abierta contra policías estatales, en concreto a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, es decir, incluyendo a los probables responsables de los tres niveles de gobierno.
Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la Fiscalía estatal, cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia, se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando.
Edith Rosales Gutiérrez | Cortesía Centro Prodh
Mecanismo de seguimiento de casos de tortura
Por otra parte, en septiembre de 2015 el Estado mexicano creó el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, para revisar casos de tortura sexual, pero desde entonces sólo emitió tres dictámenes, cuya finalidad es establecer lineamientos para coordinar instituciones en cada caso. En contraste, el Centro Prodh ha documentado más de 110 casos de tortura sexual, de los cuales en 21 las mujeres siguen en prisión debido a que fueron torturadas para declararse culpables de algún delito. El caso más reciente ocurrió en noviembre de 2020.
La colaboradora del área Internacional del Centro Prodh, Sofía de Robina, expuso que el gobierno les informó que este Mecanismo se formalizaría por medio de un decreto, después les dijeron que sería por medio de lineamientos y ahora les informaron que buscarán otro camino. El fortalecimiento de este Mecanismo se detuvo en octubre de 2019.
A la fecha no existe una ruta institucionalizada para su funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el diagnóstico nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. Esto es particularmente relevante ya que, dijo, las organizaciones continúan documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión.
Edith Rosales Gutiérrez declaró que el presidente de la República no puede decir que no sabía de este caso o qué no le toca: “Cuando salió la sentencia yo decía: apenas es un pasito, viene la lucha realmente. Ahora lo estamos viendo. Van dos años de esa sentencia y nada; otro gobierno y tampoco nada. Lo más chistoso es que este gobierno no tiene que negociar con nosotras. La sentencia ya está, lo único que tiene que hacer es ejecutar, sin embargo no quiere, no quiere cumplir con la justicia”.
Observatorio de uso de la fuerza
En cuanto al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México, en el reciente informe que el Estado mexicano envió a la Corte IDH,el pasado 23 de marzo, informó su decisión de no cumplir con lo establecido en la sentencia. El argumento fue que ya se cuenta con órganos de control interno y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación, que cumplen con este propósito.
Sin embargo, el observatorio ordenado por la Corte IDH es para que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana. Este mecanismo de observancia debería ser independiente, dijo De Robina. El Centro Prodh y las Mujeres de Atenco no ha sido convocadas para analizar el diseño de este mecanismo, a pesar de que en diciembre de 2019 enviaron una propuesta de monitoreo del uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
El desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte se agrava si se toma en cuenta que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter militar que ha usado la fuerza en protestas de mujeres. Por ejemplo, en León, Guanajuato; en Ecatepec, Estado de México; en Cancún, Quintana Roo y en Jalisco, se han realizado operativos donde la policía “agrede” y violenta sexualmente a las manifestantes.
Yolanda Muñoz Diosdada | Cortesía Centro Prodh
En conferencia de prensa Yolanda Muñoz Diosdada dijo “Todo lo que se ha dado después (del 3 y 4 de mayo) sólo han sido decepciones porque el gobierno está dando lapsos muy largos y no ha da ninguna resolución. Sabemos muy bien cuántos poderes se ejecutaron, quienes fueron. Creo que no hay disposición para hacer cumplir la ley y esclarecer hechos, porque no es una lucha de once, es de miles de mujeres que siempre están y seguirán ahí, participando para que esto no se vuelva a repetir”.
Medidas individuales
Finalmente, la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes, enfrentan serios retrasos e incumplimientos derivados principalmente de la falta de coordinación interinstitucional, así como de las múltiples deficiencias en el seguimiento administrativo por parte de las instituciones implicadas. Situación que no es acorde con una política diligente de atención a víctimas.
Sofia de Robina señaló que las mujeres no reciben atención médica ni psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni del Instituto de Salud para el Bienestar. “A la fecha las mujeres siguen viviendo enormes deficiencias respecto a la atención a la salud. Muchas de ellas han dejado incluso de recibir atención por los retrasos tan grandes que significan la gestión institucional”, dijo De Robina.
Claudia Hernández Martínez | cortesía Centro Prodh
Claudia Hernández Martínez consideró que han pasado 15 años de injusticia. “Desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal. En ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación. Incluso hubo compañeros que perdieron las vida en esa represión, del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser revictimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado.
Cabe resaltar que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años, por lo que este plazo finalizó en 2020 con dos medidas concluidas de las 9 ordenadas. Las abogadas de las víctimas, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a la CoIDH una audiencia de seguimiento a fin de que el Estado y las representantes legales de las mujeres expongan cómo se ha cumplido la sentencia. El organismo internacional no ha confirmado si se realizará este encuentro.
21/AGM/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
García Martínez, A. (2021). A 3 lustros de los hechos de Atenco, Estado mexicano sigue sin reparar tortura sexual a mujeres de Atenco. CIMAC Noticias. Recuperado el 3 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/03/a-3-lustros-de-los-hechos-de-atenco-estado-mexicano-sigue-sin-reparar-tortura-sexual-a-mujeres-de-atenco
El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el pasado 11 de abril el rescate de 136 migrantes que se encontraban en una casa de seguridad en Tlaxcala. Según dijo la propia institución, una denuncia ciudadana permitió que los indocumentados, entre los que se encontraban 19 menores no acompañados, fueran detectados. No dio más detalles sobre qué hizo con ellos. Han transcurrido diez días del operativo y muchas de estas personas se encuentran en paradero desconocido, según denunciaron diversas organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
En una carta a la que Animal Político tuvo acceso y que se dirige al comisionado del INM, Francisco Garduño, y a otros funcionarios de la ONU y la OIM, las organizaciones denuncian que las personas que se anunció como rescatadas volvieron a estar en manos de los coyotes que las trasladaban.
“El 12 de abril de este año, se dio a conocer en medios de comunicación el rescate en San Pablo del Monte, Tlaxcala, de un grupo de 138 personas migrantes privadas de su libertad por un grupo de “coyotes” que las maltrataban y mantenían incomunicadas”, dice la carta.
“Es del conocimiento de las organizaciones firmantes que, pese a la intervención de las autoridades, personas que integraban dicho grupo siguen en tránsito por México bajo el control de los “coyotes”, en condiciones que podrían poner en riesgo su integridad física y emocional”, continúa.
Por eso, las organizaciones piden al INM que aclare el paradero de estas personas y les garantice su seguridad y acceso a la justicia.
Entre los firmantes se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Pastoral de Movilidad Humana , el Comité de familiares de migrantes desaparecidos de El Progreso COFAMIPRO, Asylum Access, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova o el albergue Tochán-Nuestra Casa.
Animal Político consultó con el INM sobre este caso, pero al cierre de la edición, no había recibido respuesta.
Esta denuncia permite ver una práctica que el INM viene realizando en las últimas semanas. Atrapa a grupos en zonas del norte, como Tlaxcala y Tamaulipas, y los envía a Veracruz. Como muchos son familias con menores de edad, que no pueden ser encerrados en centros de detención, los agentes los dejan rápidamente en libertad con un oficio de salida en los que les instan a abandonar el país en un plazo de 15 días. Es decir, imponen una especie de autodeportación sin efecto práctico, ya que los migrantes, que están en situación irregular, pueden obedecer o retomar la ruta hacia el norte.
En el caso de los 136, fueron detenidos en una casa en Tlaxcala. Entre ellos se encontraban también los polleros, las personas que hacen de guía hasta el norte. Sin embargo, no fueron detenidos, sino que los trasladaron a Acayucan con el resto del grupo. De ahí, como no podían ser encerrados, se trasladaron a Oluta, municipio ubicado a 3 kilómetros y donde se ubica un albergue gestionado por la iglesia católica.
Fuentes de este albergue explicaron que ellos reciben a las personas que llegan pero que, en general, solo se quedan quienes solicitan asilo. El resto, descansa y retorna a su país o vuelve a hacia el norte. Eso fue lo que hizo este grupo, que todavía se encontraba bajo el control de los coyotes. Así que se marcharon y ahora se encuentran en paradero desconocido.
“El presente artículo es propiedad de Animal Político“
Los cárteles colocan retenes en las vías de acceso para saber el origen y destino de quienes pasan por el lugar
18 de abril de 2021
Los problemas de seguridad, como asaltos a personal médico y robo de automóviles, imposibilitaban enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero. (Foto: AFP)
Luego de caminar hasta cuatro horas desde sus comunidades, asediadas por narcotraficantes, indígenas wixárika de la tercera edad fueron vacunados contra el COVID-19 en una apartada región del este de México.
Un centenar de miembros de esta etnia, una de las más representativas del país por su cultura, recibieron el pasado 16 de abril el inmunizante chino CanSino Biologics, que requiere una única dosis.
La mayoría caminó unas cuatro horas hasta llegar al punto de vacunación en la comunidad Nueva Colonia, en el municipio de Mezquitic (estado de Jalisco), al que se accede por senderos de tierra.
Las brigadas de salud arribaron al pueblo con el acompañamiento de militares de la Guardia Nacional para dar inicio a la campaña en esta zona enclavada en la Sierra Madre Occidental.
Los habitantes de la región viven bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites de los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango, denuncian autoridades y pobladores.
Para esas organizaciones, el área es clave porque ofrece “muchas rutas de escape” ante posibles operativos de las autoridades, señaló a la AFP una lugareña que pidió no revelar su nombre.
La pandemia se había cobrado la vida de 2,627 indígenas mexicanos (Foto: AFP)
El Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa suelen colocar retenes en las vías de acceso. “Te preguntan a dónde vas, de dónde vienes (…) El simple hecho del interrogatorio, de ver las armas, es algo muy fuerte”, sostuvo.
Según un balance oficial actualizado hasta el pasado 18 de marzo, la pandemia se había cobrado la vida de 2,627 indígenas mexicanos, especialmente con edades comprendidas entre 60 y 74 años. A ello se suman 17,822 casos confirmados de coronavirus en esta comunidad.
VACUNA CONTRA EL MIEDO
Guillermo Islahuaca Álvarez, director de una seccional de la Secretaría de Salud de Jalisco, señaló a la AFP que debido a los problemas de seguridad, como asaltos a personal médico y robo de automóviles, no había sido posible enviar trabajadores sanitarios a la zona desde febrero.
“Los compañeros se reintegran el día de hoy después de dos meses de estar fuera de su unidad de adscripción”, dijo el funcionario, indicando que durante ese lapso personal de salud perteneciente al pueblo wixárika atendió los casos de emergencia.
Los habitantes de la región viven bajo el asedio de cárteles que se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas en los límites de los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango (Foto: AFP)
La primera en recibir la vacuna fue Lucía Mijares, de 69 años.“Ya no quería tener miedo”, declaró a la AFP a través de una intérprete.
De acuerdo con el censo de 2020, 7.3 millones de habitantes de México hablan alguna lengua indígena, principal criterio para determinar la identidad de ese sector de la población.
Una segunda jornada de inmunización fue programada para el próximo 26 de abril en comunidades donde se reporta la instalación de puntos de control por parte de narcotraficantes. Desde el pasado 24 de diciembre, en México han sido vacunadas 13.4 millones de personas, de las cuales 3.2 millones con el esquema completo.
El país, de 126 millones de habitantes, es el tercero más enlutado por la epidemia en números absolutos con casi 212,000 fallecidos y 2.3 millones de contagios. Sin embargo, su tasa de letalidad por 100,000 habitantes es la decimonovena en el mundo.
Hermosillo, Son. La integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, Patricia Duarte Franco, confirmó que la marcha para conmemorar el doceavo aniversario del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio, sí se llevará a cabo y sólo podría suspenderse si se agravara la pandemia y hubiera instrucciones de las autoridades sanitarias de un reconfinamiento.
La tradicional marcha organizada por el Movimiento 5 de junio se ha realizado durante los primeros diez años de ocurrida la tragedia en Hermosillo, Sonora, y solamente en el 2020 fue imposible realizarla, por el confinamiento total que solo permitía actividades esenciales.
El año pasado el onceavo aniversario se recordó con actividades virtuales en las que participaron ciudadanas y ciudadanos solidarios con madres y padres afectados, y se compartieron por redes sociales.
Solo se llevó a cabo con muy pocas personas la vigilia de la noche previa, que se realiza cada año frente a la Guardería ABC en homenaje a las 49 niñas y niños fallecidos en el suceso que puso al descubierto la red de complicidades de los poderes político y económico, alrededor del comercio voraz del cuidado infantil.
La conmemoración en Hermosillo que ha llegado a congregar hasta veinte mil personas marchando, tendrá adecuaciones por el contexto de contingencia sanitaria que no termina aún.
Este año la marcha que se realizará un día antes de las elecciones, sólo se hará con cubre boca y la distancia recomendada, y no culminará en mitin como tradicionalmente sucede. Tampoco habrá lectura presencial del pronunciamiento anual del Movimiento 5 de junio, mismo que se difundirá virtualmente para evitar el conglomerado que se hace al culminar la marcha.
Duarte Franco comentó que valoraron la situación de la pandemia con una baja en los contagios y defunciones reportadas por las autoridades y decidieron que sí saldrán a marchar.
La convocatoria como siempre se hará a toda la sociedad que desee acompañarlos a exigir justicia pues a la fecha quedan muchos temas pendientes, el caso no ha finalizado, por lo que continúan en la lucha tal como se lo prometieron solemnemente a sus hijas e hijos fallecidos.
“Tenemos que salir a marchar, han transcurrido doce años y el caso ni siquiera se ha resuelto aquí en México”, lamentó quien forma parte del grupo de familias que ya presentaron una queja contra el Estado mexicano y fue admitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La mamá de Andrés Alonso García Duarte, niño fallecido en el incendio de la Guardería ABC, explicó que todavía el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no hay fecha para que se resuelva.
Este año electoral, igual que el 2009, año del incendio, consideran que deben recordarle al Estado mexicano ese gran pendiente por el mayor agravio cometido contra los Derechos Humanos de la niñez mexicana.
“Seguimos en la exigencia por justicia para nuestras niñas y niños y no vamos a desistir hasta que esto se resuelva. Es importante que se mantenga en la memoria de los hermosillenses y con toda la responsabilidad del mundo lo platicamos y decidimos convocar”, anunció.
A los asistentes se les pedirá que continúen con las medidas que el sector salud disponga para ese tipo de eventos, y a las personas solidarias que siempre se unen con actividades en otros lugares de residencia del país, que hagan lo propio, según el contexto sanitario de esos puntos.
Para quienes no puedan salir a marchar les pedirán que continúen con los actos conmemorativos presenciales o virtuales y los compartan para seguir recordando la exigencia de justicia.
A reserva de que próximamente se dará a conocer el programa oficial, se confirma la convocatoria a que la vigilia se realice sin reunión, sin música, ni ceremonia ecuménica, ni discursos. Solamente se pedirá a quienes así lo deseen, que lleven veladoras y flores a la Guardería ABC la noche del 4 de junio para honrar a las niñas y niños y seguir recordándolos.
En relación a la resolución del caso, Duarte Franco confirmó que ya tiene aproximadamente dos años en la SCJN y no se ve la resolución en puerta. “Necesitamos el apoyo de la gente”, recordó.
En relación a la petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, narró que en enero pasado dieron respuesta a la CIDH, en donde no llegaron a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano pues las propuestas no satisfacen la demanda de justicia, además de señalar algunas prácticas con las que no están de acuerdo.
A principios del mes de mayo se dará a conocer la convocatoria oficial con las actividades confirmadas que podrán realizase para la conmemoración del aniversario 12 del incendio de la Guardería ABC, finalizó.
21/SNE/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Núñez Esquer, S. (2021). Sí habrá marcha el 5 de junio para conmemorar incendio de guardería ABC. CIMACNoticias. Recuperado el 16 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/16/si-habra-marcha-el-5-de-junio-para-conmemorar-incendio-de-guarderia-abc
Ciudad de México. La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), rechazó la petición de la Red Nacional de Refugios (RNR) para vacunar al personal que recibe en espacios de protección a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.
La coordinadora de la RNR, Wendy Figueroa, detalló en entrevista que el pasado 19 de febrero de 2021 hicieron llegar por medio electrónico y presencial, una solicitud dirigida a las autoridades sanitarias con el asunto “acciones a favor del derecho a la salud y el bienestar de todas las personas que protegen los derechos de mujeres e infantes”.
En el oficio con No. RNR/DG/2021-10, la RNR solicitó que todas las personas que colaboran dentro de cualesquiera de los espacios de Refugios, sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición en todo el país, fueran consideradas en la segunda etapa (febrero-abril 2021) de vacunación COVID-19.
Esta solicitud se envió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; con copia a la Directora General del CNEGySR, de la Secretaría de Salud Federal, Karla Berdichevsky; al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol); y a la Secretaría de Gobernación.
No obstante, el pasado 5 de marzo, Karla Berdichevsky, respondió a la Red con otro oficio en el que rechaza la solicitud. “Al respecto le comento que, reconocemos y agradecemos la labor de todas las personas que participan en la red atención a poblaciones en condiciones de riesgo y vulnerabilidad a su cargo; sin embargo, tal y como se especifica en el oficio anexo, toda la población será vacunada de acuerdo a los criterios de elegibilidad definidos en la ‘Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la COVID-19 en México’” dice el mensaje.
Datos oficiales de 2011 señalan la existencia de 72 espacios de protección, en los que se estima que laboran con distintas actividades aproximadamente 3 mil personas, 85 por ciento de las cuales son mujeres.
Al inicio de la pandemia por COVID-19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró a los Refugios como actividades esenciales que no podrían parar sus actividades durante las medidas de confinamiento, esto derivado del alza en la violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares.
En el contexto de este nuevo panorama, la Red denunció el retraso en la entrega del recurso federal que reciben para su operación y en el recorte del presupuesto para la atención de las mujeres víctimas de violencia.
Gracias a su denuncia, las también defensoras de los derechos de las mujeres consiguieron que se liberara el presupuesto etiquetado para su operación. Durante los primeros seis meses desde que inició la Covid-19, la Red consiguió evitar el contagio dentro de estos espacios de protección.
A fin de adaptar protocolos efectivos para la mitigación de los contagios, la Red gestionó alianzas con organismos internacionales. Durante todo este tiempo, el gobierno federal sólo destinó.
Conforme avanzó el contagio en México, se hizo imposible para la RNR contenerlo al interior de estos centros de protección, al menos entre el personal, entre quienes ya hubo y hasta dos muertes.
Pese a los decesos, la RNR sigue brindando protección y servicios las 24 horas del día a todas las mujeres y sus familias que lo requieren, incluso aquellas que tienen síntomas o están contagiadas por la COVID-19.
Ante el rechazo de adelantar las vacunas para el personal de los Refugios, Wendy Figuera explicó que la respuesta del gobierno federal le pareció un insulto y “una simulación más, cuando se ha hablado que somos servicios esenciales desde 2020. Bueno, esto no coincide con la respuesta que nos da. Hemos estado en la primera línea de actuación, no buscamos ningún beneficio, buscamos simplemente seguir estando protegidas para dar un acompañamiento ininterrumpido como se ha venido dando.
“Esa respuesta la verdad fue completamente fuera de un enfoque de DH y la incongruencia de decir que somos servicios esenciales, no sé qué signifique esa esencialidad para la Secretaría de Gobernación”, detalló.
21/AJSE/
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Soto Espinosa, A. J. (2021). Rechaza Ss vacunar a personal de Refugios que atiende a víctimas de violencia. CIMAC Noticias. Recuperado el 14 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/14/rechaza-ss-vacunar-a-personal-de-refugios-que-atiende-a-victimas-de-violencia
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